Caso SIRA: la Justicia intimó al Gobierno a informar “de forma urgente” qué funcionarios intervinieron
La Justicia federal volvió a exigir al Gobierno nacional que informe, de manera «urgente», qué funcionarios intervinieron en la aprobación de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) por las que se sospecha se pagaron coimas durante la gestión de Alberto Fernández. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, elevó un nuevo oficio a la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la falta de respuestas concretas de distintos organismos.
El requerimiento, enviado la semana pasada al titular de la DGA, José Velis, solicita «toda la información que obre en vuestra Dirección General vinculada con la aprobación de SIRA» de tres empresas específicas. Además, el oficio al que accedió Clarín pide el «listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, identificando específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades antes mencionadas».
Evasivas y silencio oficial
Esta no es la primera vez que el fiscal Picardi realiza este tipo de pedido. Ya lo hizo en al menos otras tres oportunidades, dirigiendo sus solicitudes al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, las respuestas obtenidas hasta el momento fueron explicaciones sobre el funcionamiento del sistema SIRA y sus procesos automatizados, sin identificar a los funcionarios responsables de cada legajo investigado. Estos organismos, en sus contestaciones, habrían apuntado a la Aduana como el eslabón clave.
En los tribunales de Comodoro Py, estas explicaciones fueron recibidas con recelo. Si bien se reconoce la complejidad del sistema, la falta de identificación de responsables directos llevó a la Justicia a elevar el tono de su requerimiento, calificándolo ahora de «urgente». En este contexto, llama la atención la postura del actual gobierno de Javier Milei, que ha mantenido un perfil bajo sobre el caso, sin críticas ni reproches públicos hacia la gestión de Alberto Fernández y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, lo que contrasta con la expectativa inicial de que el tema sería potenciado por el oficialismo.
La trama de las coimas y el dólar oficial
La investigación de Picardi sostiene que se pagaban coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para agilizar la aprobación de las SIRA. Esta información surgió del análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio junto a sus socios Elías Piccirillo y Francisco Hauque. Migueles, conocido mediáticamente por su relación con Wanda Nara, mantenía conversaciones en 2023 donde hablaba de cómo conseguir la aprobación de las SIRA a cambio de sobornos. «Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento», reza uno de los mensajes recuperados.
La trama no se limita a Migueles; la Justicia busca identificar a otros intermediarios y, crucialmente, a los funcionarios nacionales que facilitaban estas gestiones. Mientras las SIRA podían demorar hasta seis meses en su trámite regular, la investigación detectó casos que fueron aprobados en apenas 24 horas. Además de los sobornos por las SIRA, la causa también indaga irregularidades en la compra de dólar oficial. Casas de cambio y bancos habrían accedido a divisas a precio oficial durante el cepo cambiario para luego venderlas en el mercado paralelo, generando ganancias de hasta el 200 por ciento en pesos.
En este segmento de la causa, hay funcionarios del BCRA imputados bajo sospecha de haber permitido la compra irregular de divisas por parte de las casas de cambio de Migueles, Piccirillo y Hauque. Una grabación, por ejemplo, revelaría cómo una funcionaria, Romina García, asesoraba a Hauque en prácticas que no le estaban permitidas. En los últimos días, peritos accedieron a los celulares de varios imputados para profundizar la investigación, y el fiscal Picardi, con un equipo especial, analiza el entramado de operaciones de casas de cambio y bancos, con la expectativa de impulsar una causa por lavado de dinero.
