Persecución por «portación de parentesco»: el Gobierno retira el pliego de una jueza por ser cuñada de Alconada Mon

La duda sobre si criticar al Gobierno implica el riesgo de una represalia estatal se ha transformado en una inquietud aún más profunda en Argentina: ¿también los hijos, cuñados o cualquier familiar de una persona que haya discrepado con el oficialismo están expuestos a una venganza del poder? Un reciente episodio, sumado a antecedentes previos, sugiere que la Casa Rosada podría estar ejecutando, con rampante arbitrariedad, actos de persecución por “portación de parentesco”. Esta práctica no solo afecta la calidad institucional, sino que implica una intromisión del Estado en la esfera familiar.

El caso más reciente y revelador involucra a María Verónica Michelli, una candidata a jueza federal en La Plata. Tras superar todas las instancias de un concurso riguroso, defender su postulación ante el Senado y ser propuesta por el Poder Ejecutivo, su pliego ya había sido enviado para su aprobación final. Sin embargo, en ese momento, se le “susurra” al Presidente un dato clave: Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, a quien el Gobierno ha identificado como un “enemigo” por sus investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La reacción fue fulminante: la orden de “retirar el pliego”, una maniobra que no resulta sencilla dado que ya contaba con el aval de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Antecedentes de un patrón de represalias

Este incidente no es un hecho aislado. La gestión libertaria ya ha mostrado un patrón de acciones similares. Al inicio del gobierno, Osvaldo Giordano fue removido de su cargo como titular de la AnSes porque su esposa, diputada nacional por Córdoba, había votado en disidencia un artículo de la Ley Bases. Más tarde, la hija de Domingo Cavallo fue solicitada su renuncia como embajadora ante la OEA, luego de que su padre expresara críticas a la política económica del Gobierno. Esta serie de eventos sugiere que no se trata de meros arrebatos, sino de un método claro: disciplinar, alinear e instalar la idea de que la independencia tiene un precio, que el poder puede cobrar a través de los familiares. Esta lógica choca frontalmente con la cultura republicana, el Estado de Derecho y la filosofía liberal de la autonomía individual.

Contradicción con el discurso del mérito y riesgos para la libertad de prensa

El criterio aplicado por el Gobierno contradice abiertamente su propio discurso, que reivindica el mérito como mecanismo de incorporación y ascenso en el Estado. En cambio, parecen imponerse patrones arbitrarios como la afinidad personal, la “pureza” del árbol genealógico y la condescendencia con la cúpula oficialista. Lo que importa no son las condiciones morales y profesionales de un funcionario o candidato a juez, sino el disciplinamiento propio y de su entorno familiar. La amistad prevalece sobre la idoneidad.

Esta práctica remite a una lógica autoritaria y primitiva: castigar a alguien por las acciones de otra persona es una aberración jurídica que atenta contra los principios básicos de la convivencia. Es un mecanismo oscuro, cuyas verdaderas razones son inconfesables públicamente, y que en su espíritu se asocia a la cultura del mensaje mafioso. Aquellos vicios que el oficialismo denunciaba como parte de “la casta” —clientelismo, nepotismo, acomodo— son ahora reciclados con nuevas metodologías: si antes se premiaba por afinidad, ahora se castiga por parentesco. En ambos casos, las condiciones objetivas de la persona no cuentan, y el mérito, como la ética, se convierten en meros enunciados retóricos.

Son procedimientos que, en su lógica y su espíritu, se asocian a la cultura del mensaje mafioso.

La cuestión también tiene implicaciones directas para la libertad de prensa. En el caso de la candidata a jueza, se envía un mensaje claro a los periodistas de investigación: “cuidado con lo que hacen, podemos cortar la carrera a un familiar de ustedes”. Esto esconde, sin sutilezas, la mecánica de un apriete, buscando fomentar la autocensura. Además, habilita un clima degradante de señalamiento insidioso, donde muchos podrían sentirse tentados a complacer al poder con información de este tipo, en una cultura política donde la obsecuencia cotiza en alta.

El peligro para el ciudadano común y la reacción institucional

Detrás de este debate institucional, emerge un peligro concreto para el ciudadano común. Cuando el poder rompe la garantía de ecuanimidad y entra en la lógica de la represalia, es difícil prever sus límites. ¿Se llegará a echar a un empleado público porque su padre o hijo criticaron al Gobierno en redes sociales? ¿Se quitará una beca o subsidio porque un tío denunció a un ministro? Estas preguntas no son meramente hipotéticas; se vuelven inevitables al observar prácticas oficiales basadas en la pura arbitrariedad. Las personas no son juzgadas por lo que son o hacen, sino por sus lazos familiares. Se rompe un pacto cultural y de convivencia: los procedimientos no existen, el mérito tampoco, y la ética entra en una zona difusa. Lo único que prevalece es la decisión imperial de quien ostenta el poder.

Una pregunta central domina el debate actual: ¿habrá una reacción institucional y ciudadana frente a la arbitrariedad del Estado? Existen motivos para la esperanza: en el Senado, incluso aliados del oficialismo parecen dispuestos a sostener el pliego que el Ejecutivo intenta retirar por “pecado familiar”. La perplejidad ante la audacia de una decisión que expone un abuso de poder es palpable. Desde la sociedad civil, comienzan a alzarse voces firmes. La asociación Será Justicia alertó sobre “la afectación de la independencia del Poder Judicial y el ataque a la prensa” detrás de esta maniobra, y abogados de la matrícula han impulsado una denuncia penal por el mismo caso. Si bien la “cuestión institucional” puede parecer una preocupación minoritaria, buena parte de la sociedad argentina ha demostrado sensibilidad frente a decisiones que, aunque lejanas, tocan fibras sensibles de nuestro sistema de convivencia democrática.

En el fondo, no solo está en juego la designación de una jueza, que no es poco. Lo que se discute son los límites del poder para actuar frente al individuo. La disyuntiva es clara: ¿nos dejamos atropellar o defendemos las reglas? ¿Se verá sumisión o una sana rebeldía frente a los arrebatos del poder? Es, en esencia, una discusión de dignidad ciudadana: si gana la arbitrariedad, la libertad retrocede.