La lapicera sin tinta: el dilema de Alberto Fernández y el «plan platita» de Massa

La estilográfica que empuñaba Alberto Fernández, y que, según el análisis, no se atrevió a utilizar como le ordenaba Cristina Kirchner, su patrona política, quedó finalmente sin tinta. La crítica apunta a que el denominado “plan platita” de Sergio Massa habría secado el tanque y gastado la pluma de una herramienta fundamental para el ejercicio del poder estatal. La “lapicera” es el instrumento que plasma las decisiones del Estado en todos sus niveles; sin embargo, cuando se utiliza de forma indiscriminada, se advierte que la sociedad se funde y la pobreza se difunde.

Verbos como “sanciónese”, “promúlguese”, “decrétese”, “ordénese” y “archívese” son la base de la administración pública, esenciales para organizar la vida en común. A pesar de un “pésimo currículum” atribuido, solo el Estado puede viabilizar esfuerzos ciudadanos que, de otra forma, se frustrarían: la justicia, la defensa, la construcción de infraestructuras como puentes y caminos, las campañas de vacunación y la lucha contra el fuego. Además, provee el marco institucional necesario para el progreso colectivo, conocido como seguridad jurídica, que abarca desde la garantía de la propiedad privada y las libertades individuales hasta la firmeza de los contratos.

El abuso de la “lapicera” y el “costo argentino”

A pesar de su trascendencia, el Estado es vulnerable al uso y abuso de la “lapicera”. Cuando el capital social y los lazos interpersonales se dañan, a diferencia de los países nórdicos, emergen “mercados de decisiones públicas al mejor postor”. Esto se traduce en oficinas innecesarias, cargos redundantes, jubilaciones sin aportes ni años, subsidios al voleo, legislaturas superpobladas, asesores fantasmas y privilegios sectoriales, todo ello en detrimento del conjunto de la sociedad.

En un reciente pronunciamiento, el exministro Aníbal Fernández sorprendió al declarar que “

no tocaría nada de lo realizado por Milei

”. Esta afirmación, proveniente de un conspicuo peronista, se interpreta como un gesto que podría haber contribuido más a reducir el riesgo país que las compras de reservas por el Banco Central. Según Fernández, la sociedad argentina realizó un sacrificio enorme con el plan libertario, por lo que desarmarlo abruptamente sería perjudicial. El análisis subraya que el exministro omitió mencionar que, al cierre del cuarto kirchnerismo, la pobreza alcanzó el 41,7% de la sociedad y que el “sacrificio” actual la redujo al 25%. También se le atribuye simular desconocer que la industria nacional no sufre por la inevitable apertura al mundo, sino por el “costo argentino”: un cúmulo de cargas laborales, presión fiscal y ausencia de crédito, resultado de tantas “lapiceras” desbordadas que enriquecieron a los sindicatos, multiplicaron el gasto público y, con la inflación, evaporaron la moneda.

Las lapiceras malversadas han creado marañas de intereses cuya reversión suscita quejas, marchas y reclamos pues afectan tanto a justos como a pecadores

Para que el déficit cero sea sustentable, se requiere aliviar a quienes no llegan a fin de mes y a las Pyme que no pueden competir debido al peso de esos desatinos. Las decisiones pasadas, calificadas como “lapiceras malversadas”, han creado un entramado de intereses que, al ser revertido, genera quejas, marchas y reclamos, afectando tanto a quienes se beneficiaron legítimamente como a quienes lo hicieron de forma indebida.

El desafío de las reformas y el consenso fiscal

La Argentina no crece desde hace 15 años, y la situación actual se describe con la metáfora de que “la población pide flan y la heladera está vacía”. Es imposible revertir esta situación sin corregir las causas de la decadencia. Este es el gran desafío que el país enfrenta, casi sin herramientas. Sin moneda ni crédito, y con un riesgo país inusitado para su potencial productivo, las alternativas para recomponer los ingresos y evitar caer nuevamente en la hiperinflación son escasas.

Tras la aprobación de la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno nacional se comprometió a presentar una propuesta de reforma tributaria antes de fin de año. El contexto es complejo: el país convive con más de 155 impuestos, múltiples regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, y una recaudación cuyo 25% depende de “gabelas distorsivas” como las retenciones, el impuesto al cheque o los ingresos brutos provinciales. Sin embargo, cualquier reforma tributaria de esta magnitud requiere una fuerte reducción de gastos para no desequilibrar el ancla fiscal, ni siquiera durante una transición.

Cualquier reforma tributaria requiere una fuerte reducción de gastos para no desequilibrar, ni durante una transición, el ancla fiscal

Las cifras de la administración pública son significativas: 4 millones de empleados públicos (3 millones provinciales y medio millón municipales), además de 1,5 millones de pensiones no contributivas. La “casta política” incluye 1525 legisladores (329 nacionales y 1196 en las 24 legislaturas locales), y concejos deliberantes en 2234 municipios con cargos rentados. La clase pasiva duplica este número, con 8 millones de personas que dependen de un sistema previsional desfinanciado por falta de aportes. En 2001, eran solo 3 millones, pero la “lapicera solidaria” los multiplicó hasta absorber el 47% del presupuesto nacional. El envejecimiento poblacional añade el costo de solventar la salud de adultos mayores y las discapacidades, en muchos casos abusivas o fraudulentas. Todos estos gastos, que limitan los recursos para otros destinos, están blindados con derechos adquiridos, acciones de amparo y cautelares que se tramitan como “máquinas de hacer chorizos”.

Estas cifras estratosféricas presionan sobre los fiscos y dificultan la reducción de los impuestos distorsivos y las tasas abusivas. Este es un desafío para todos, no solo para Javier Milei. Al actual tránsito, al borde de un precipicio, se le suele llamar “experimento libertario”, como si fueran menos riesgosos los atajos menos experimentales y bien conocidos de Axel Kicillof, Sergio Massa o del incorregible peronismo federal.

Suele llamarse “experimento libertario” al actual tránsito al borde de un precipicio, como si fueran menos riesgosos los atajos menos experimentales y bien conocidos de Axel Kicillof, Sergio Massa o del incorregible peronismo federal

El programa en curso apuesta a recargar el tanque de la lapicera mediante la gradual demanda de dinero y no con un “chorro de billetes” para “reactivar” un consumo artificial que luego se fugue al dólar y espiralice los precios. Ello requiere inflexibilidad en los gastos y consistencia en las decisiones para generar confianza en la moneda, como ya ha comenzado a percibirse. Si se encaran reformas de fondo con apoyo parlamentario y de los gobernadores, se acelerará el círculo virtuoso y la lapicera recuperará una grafía prudente, conforme a la tinta que vaya cargando.

El gobierno proyecta un nuevo consenso fiscal para reducir tributos nacionales, provinciales y municipales, con un ojo puesto en el “costo argentino”. Y, así como los gobernadores, con buenas razones, reclaman fondos a la Nación, por su parte deben dar transparencia a los gastos, reducir excesos de personal, eliminar el clientelismo, las contrataciones directas, las jubilaciones especiales, los abusos docentes, los registros de constructoras y las colegiaciones forzosas.

“Disolver”, “reducir”, “achicar”, “liquidar” y “prescindir” son verbos imperativos que la política siempre elude, pero que ahora deberán reafirmar al unísono las 24 lapiceras menores, siguiendo el ejemplo de la pluma mayor, para igualar las oportunidades de los argentinos, nivelar la cancha de las Pyme y consolidar el buen rumbo del país.