Retenciones: el Ieral estima que la baja al agro costará US$300 millones en soja para 2027

CÓRDOBA.- La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de implementar una nueva reducción de las retenciones al sector agropecuario generará un costo fiscal “acotado”, según las proyecciones del Ieral de la Fundación Mediterránea. Este impacto, estiman, no pondría en riesgo la meta de equilibrio fiscal, pilar central de la política económica oficial.

Los cálculos del economista Juan Manuel Garzón indican que la menor recaudación directa por la disminución de los derechos de exportación oscilará entre US$390 millones y US$690 millones en 2027. Esta variación dependerá del ritmo final de reducción aplicado específicamente a la soja. El cronograma oficial prevé para la oleaginosa una merma de un cuarto de punto por mes durante el próximo año, lo que implicará un costo fiscal de US$300 millones solo para este cultivo en 2027. Cabe destacar que el Gobierno también anunció la extensión de la baja gradual a maíz, girasol y sorgo.

En el caso del trigo y la cebada, las retenciones pasarán de 7,5% a 5,5% a partir de junio de 2026. Para la soja, el recorte se iniciará en enero próximo y avanzará de forma gradual, con reducciones mensuales de 0,25 puntos porcentuales.

El impacto fiscal más significativo no se sentirá de inmediato. Garzón proyecta que este año la incidencia sobre los cereales será menor a US$30 millones, ya que la medida alcanzará a remanentes de la campaña actual que aún no fijaron precio. El efecto más contundente se verá en 2027, cuando la reducción opere sobre una campaña completa, generando una pérdida de recaudación en cereales que rondaría los US$90 millones.

El peso de la soja en la recaudación

La soja representa el eje central de la discusión fiscal. No solo es el principal complejo exportador de Argentina, sino que también es el cultivo con la mayor carga tributaria. Según las proyecciones de Garzón, si el sendero de reducción se mantiene en 0,25 puntos mensuales, el costo fiscal podría rondar los US$300 millones. En caso de un esquema más agresivo, con bajas de 0,5 puntos por mes (aplicable en 2028), el impacto podría acercarse a los US$600 millones.

Para Garzón, esta medida “va en la dirección correcta” al reducir parcialmente “el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino”. Sin embargo, subraya que no debe ser interpretada como una solución definitiva, sino como “otro paso” en un proceso gradual que requiere consolidación. El economista también advierte que las retenciones no son la única presión tributaria del sector, mencionando impuestos provinciales y municipales como Ingresos Brutos y Sellos, que afectan costos, márgenes e incentivos de inversión.

Impacto productivo y compensación fiscal

Desde la perspectiva productiva, la reducción de retenciones mejora los precios netos esperados y fortalece la capacidad de pago de la exportación. Este efecto sería particularmente relevante en cereales como trigo y cebada, donde las decisiones de siembra suelen ser sensibles a cambios en la rentabilidad esperada.

El análisis del Ieral también aborda la expectativa de compensación a través de una mayor actividad económica. Parte del costo fiscal podría recuperarse si la baja tributaria impulsa un aumento de la producción, las exportaciones y la inversión. No obstante, Garzón advierte que este efecto “no debe suponerse automático ni inmediato”, ya que dependerá de factores como el clima, los precios internacionales, la credibilidad del sendero de reducción y la estabilidad macroeconómica.

El antecedente más cercano es la reducción de retenciones aplicada entre 2016 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri. En ese período, los derechos de exportación para el trigo fueron eliminados, pero reaparecieron ante el agravamiento de las restricciones fiscales y financieras.

Garzón destaca una diferencia clave con el esquema actual. Mientras la experiencia anterior optó por una reducción más agresiva al inicio, el gobierno de Milei elige una trayectoria más gradual y administrada. “La dificultad no es solo bajar retenciones, sino sostener la baja en el tiempo”, enfatiza el economista.

Finalmente, Garzón sugiere que una parte del menor ingreso nacional podría compensarse con una mayor recaudación de otros tributos, especialmente Ganancias, que es coparticipable. En este escenario, las provincias podrían beneficiarse indirectamente de una mejora en la actividad agropecuaria. Por ello, señala que el anuncio nacional podría complementarse con una “agenda tributaria más amplia” que incluya bajas graduales de impuestos provinciales distorsivos, reforzando la competitividad del sector.