Traspié energético: error de cálculo eleva costos del GNL y genera cruces en el Gobierno
El Gobierno argentino enfrenta un significativo traspié en una de sus decisiones energéticas más críticas para el invierno. Semanas atrás, la Secretaría de Energía rechazó una propuesta privada para importar gas natural licuado (GNL) argumentando que era demasiado costosa. Sin embargo, la empresa pública encargada del proceso terminó aplicando un costo 47% superior al utilizado originalmente como referencia, lo que desató malestar interno y obliga a convalidar un mayor traslado a las tarifas.
Durante los meses de mayor demanda, la producción local de gas no logra cubrir el total del consumo, lo que fuerza a Argentina a importar GNL en barcos. Este combustible es vital para abastecer a industrias, distribuidoras y centrales térmicas, siendo las usinas eléctricas y la producción manufacturera los principales consumidores, quienes ahora enfrentan costos considerablemente más altos.
La oferta rechazada provenía de la española Naturgy, que proponía un esquema integral de importación y comercialización de GNL para el invierno a un costo de US$4,51 por millón de BTU. El Gobierno consideró este valor excesivamente elevado, basándose en una estimación previa de Enarsa, la empresa pública con dos décadas de experiencia en la provisión de gas, que calculaba en torno a US$3,50 por millón de BTU el costo asociado a la regasificación, logística y entrega del combustible importado.
El salto inesperado en los costos
La situación dio un giro inesperado la semana pasada. En la subasta realizada en el Mercado Electrónico del Gas (Megsa), la propia Enarsa fijó el componente de regasificación, logística y entrega en US$5,16 por millón de BTU. Este valor representa un aumento del 47% respecto a la referencia inicial y se suma al precio internacional del GNL, ya encarecido por la coyuntura global. Dado que este cargo se añade al precio internacional del combustible, cualquier variación impacta directamente sobre el costo final del gas importado utilizado por el sistema energético durante el invierno.
El episodio dejó expuesto al Gobierno, al rechazar una opción de privatización por considerarla cara y terminar asumiendo un cargo aún mayor bajo gestión estatal. El malestar dentro del área energética se centró en Enarsa, empresa presidida por Tristán Socas, funcionario que responde a Santiago Caputo. La crítica principal radica en el manejo del cálculo y la comunicación del nuevo costo de regasificación.
La realidad es que hace 20 días Enarsa pasó una nota a la Secretaría de Energía diciendo que el costo era uno. Nosotros tomamos la decisión de no avanzar con la privatización porque era más cara. Pero ahora Enarsa hizo la licitación y el sobrecosto era mayor al que habían pasado inicialmente.
Así lo explicó a un medio nacional una fuente oficial al tanto del proceso. Desde la Secretaría Coordinadora de Energía y Minería, a cargo de Daniel González, se sostiene que la referencia inicial subestimó el costo final del esquema.
Impacto en tarifas y el sector privado
Actualmente, el Gobierno no tiene previstos mecanismos para diferir parte del sobrecosto del GNL importado, lo que implica que el impacto llegaría de golpe a tarifas y subsidios. Esta postura contrasta con el esquema definido por Economía para trasladar el mayor costo del gas residencial a las facturas después del invierno. El objetivo oficial es “aplanar” el impacto del GNL durante los meses de mayor consumo, lo que, en la práctica, implica una mayor intervención estatal para contener el costo, pese a una estrategia original orientada a un mercado más desregulado.
Las estimaciones privadas sugieren que las importaciones de GNL para este invierno podrían superar los US$1000 millones, con una necesidad de entre 23 y 25 barcos, y costos superiores a los US$40 millones por cargamento. Además, el Estado podría financiar entre US$150 millones y US$200 millones para abastecer más barato a hogares, hospitales y escuelas, montos que se recuperarían gradualmente a través de las facturas.
El diferencial entre el costo inicialmente informado por Enarsa y el finalmente aplicado podría implicar un sobrecosto de varias decenas de millones de dólares solo para los cargamentos de junio, un tema adelantado por el portal especializado EconoJournal.
La controversia escaló cuando la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) envió una carta a la Secretaría de Energía, cuestionando el incremento comunicado horas antes de la subasta y exigiendo explicaciones técnicas. La entidad advirtió que las industrias terminarán absorbiendo parte del mayor costo del gas importado.
El costo de USD 5,16/MMBTU supera en un 47% el spread mínimo de USD 3,50/MMBTU que el propio pliego de la subasta establecía como costo de referencia del servicio de regasificación.
La situación pone de manifiesto las dificultades del Gobierno para avanzar hacia un mercado energético más desregulado, en un invierno marcado por la volatilidad internacional, la presión sobre los subsidios y la sensibilidad tarifaria.
