Amplían acusación contra Tapia y AFA por facturas falsas y empresas fantasma
La investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, se amplía con nuevas y graves acusaciones. La fiscalía acusa a las autoridades del organismo de haber utilizado una sofisticada red de empresas apócrifas y facturas falsas para desviar más de 300 millones de pesos entre enero de 2023 y marzo de 2025.
Entre las irregularidades detectadas, la justicia encontró obras encargadas a una empresa hotelera en lugar de una constructora, trabajos de producción de contenidos digitales presuntamente contratados a un grupo de “changarines de Mar del Tuyú” que desconocían por completo esos contratos, y otros proveedores que habrían cobrado dinero solo por figurar en los papeles.
La ampliación de la denuncia y el rol del fiscal
La ampliación de la investigación fue impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial ante el juez Diego Amarante, a partir de una denuncia de la ARCA. El fiscal solicitó expandir el requerimiento de instrucción tras identificar lo que describe como una “maniobra sistemática de simulación de operaciones” destinada a generar “efectos fiscales indebidos”.
Según la denuncia original de ARCA, la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas por casi 290 millones de pesos en los períodos 2024 y 2025. Sin embargo, un análisis integral de las erogaciones realizadas entre enero de 2023 y marzo de 2025 eleva la base imponible a más de 916 millones de pesos. Esto implica un monto total a favor del fisco de $320.784.664,61, al que se suman $341.890.220,76 en intereses resarcitorios y una multa de $125.792.579,86.
La fiscalía sostiene que la AFA operaba con un patrón de comportamiento caracterizado por la “ausencia de sustancia económica real” en las firmas utilizadas como proveedores. Muchas de estas ya figuraban en bases de datos de empresas sospechadas, lo que refuerza la hipótesis de una estructura montada para el desvío de fondos.
Proveedores fantasma y contradicciones insólitas
Tras fiscalizaciones y visitas presenciales de agentes de ARCA, se descubrieron particularidades llamativas en los supuestos proveedores. Algunos tenían domicilios inexistentes o se registraron pagos a personas de escasos recursos para que aparecieran como titulares de las firmas.
“Las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación, destinadas a generar efectos fiscales indebidos”, señaló la fiscalía, al indicar que las firmas “carecen de capacidad operativa, económica y financiera” y “no realizaron las prestaciones facturadas”.
Uno de los casos más resonantes es el de Central Hotel SRL, una empresa inscripta exclusivamente en actividades de hotelería, que facturó 9.600.000 pesos por “obras en el predio de Ezeiza” de la AFA. Lo llamativo es que los cheques emitidos por la AFA para pagar estas supuestas obras se utilizaron luego para operaciones de compra y venta de ganado, sin vínculo aparente con la construcción.
Otro ejemplo es Capadoccia SRL, que emitió facturas por 56.700.000 pesos por subcontratación de obras y materiales. Sin embargo, una de las socias que figuraba en los papeles, la señora Tessitore, “manifestó ante la ARCA desconocer a la empresa y a los demás miembros”. Otra cotitular de las cuentas bancarias, la señora Medina, confesó haber “percibido dinero a cambio de suscribir documentación vinculada a la proveedora”, confirmando que la empresa era “fantasma”.
El caso de Prussian Blue SRL, que facturó 19.171.491 pesos a la AFA por “Plan estratégico, contenidos digitales nacionales e internacionales” y “Actualización de software”, también expone una trama de engaño. Los inspectores se presentaron en el domicilio de los socios en Mar del Tuyú, donde el padre de los supuestos empresarios reveló que sus hijos eran “changarines” sin ningún conocimiento técnico en diseño web, cartelería o programación, demostrando una “carencia de capacidad operativa para realizar los servicios facturados”.
Evasión agravada y pedido de medidas
La fiscalía imputa a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero; y a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo, al considerar que detentaban la “capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales” durante el período investigado. El dictamen concluye que existe mérito suficiente para impulsar la acción penal por el delito de evasión agravada mediante el uso de facturas ideológica o materialmente falsas.
Navas Rial solicitó al juez Amarante que requiera a ARCA todos los legajos vinculados a los proveedores denunciados, los cheques endosados, los documentos enviados a entidades financieras y cualquier expediente de interés. Además, pidió a los bancos involucrados en la emisión de los cheques que respalden los pagos cuestionados, que envíen copias del registro de firmas y la documentación que avala a los apoderados.

