Casio Vialidad: la fiscalía avanza sobre otros 141 inmuebles y 46 vehículos
La causa conocida como Casio Vialidad, que investiga irregularidades en la obra pública durante el kirchnerismo, escala con una nueva solicitud de la fiscalía. El Ministerio Público Fiscal pide ahora la ejecución de un segundo lote de bienes que incluye 141 inmuebles y 46 automotores, en un movimiento que busca profundizar el alcance de los decomisos.
Esta avanzada se produce mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún debe expedirse sobre la ratificación del primer decomiso en esta misma causa. La fiscalía apunta a un conjunto de propiedades que, según la investigación, están vinculadas a los principales actores del entramado de corrupción.
Propiedades clave en la mira
La lista presentada por la fiscalía es extensa y abarca bienes de alto valor. Entre los inmuebles solicitados, se destacan 13 propiedades pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner. Además, el pedido incluye 128 inmuebles que están registrados a nombre de sociedades vinculadas a Lázaro Báez, empresario patagónico central en la trama de la causa.
Un detalle significativo de esta nueva tanda es la inclusión de propiedades emblemáticas. En la lista figuran el departamento de la calle San José 1111, cuya titularidad ha sido objeto de controversia, y complejos hoteleros de gran envergadura en la Patagonia. Entre ellos, el hotel La Aldea del Chaltén y el reconocido Alto Calafate, ubicado en la ciudad de El Calafate, ambos símbolos del patrimonio acumulado por los investigados.
El impacto de la medida
La solicitud de decomiso de estos bienes no solo representa un paso más en la investigación judicial, sino que también tiene un fuerte impacto simbólico y económico. La eventual ejecución de estas propiedades, de ser aprobada por la justicia, podría significar un importante recupero de activos presuntamente obtenidos de forma ilícita.
El avance de esta segunda tanda de propiedades a ejecutar subraya la complejidad y la magnitud de la causa Casio Vialidad, que desde hace años concentra la atención pública y judicial en Argentina. La decisión final de la Corte Suprema sobre el primer decomiso sentará un precedente crucial para la viabilidad de estas nuevas solicitudes y el futuro de los bienes involucrados.
