El Gobierno recorta $59.600 millones a las Fuerzas Armadas en medio de la crisis de la obra social

Las Fuerzas Armadas de Argentina enfrentan un recorte presupuestario de $59.600 millones, una medida que se da en un contexto de grave crisis para su obra social y a la espera de la llegada del segundo lote de aviones de combate F-16. Este ajuste forma parte de una poda mayor de $2,5 billones en las cuentas del Estado, instrumentada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 del Poder Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Defensa y las propias fuerzas, cuyos voceros buscaron minimizar el impacto, se aseguró que el recorte se distribuyó para afectar «en forma mínima y no detener, ni postergar ninguno» de los proyectos. Sin embargo, fuentes consultadas estiman que la medida tendrá un fuerte impacto en partidas clave destinadas a la mejora del equipamiento militar y otras previsiones esenciales.

Impacto por fuerza: Ejército, Armada y Fuerza Aérea

La Decisión Administrativa detalla cómo se distribuyen los ajustes en cada rama: el Ejército sufre un recorte de $12.600 millones, la Armada $27.040 millones, la Fuerza Aérea $16.500 millones y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas $3.762 millones. Estas cifras, contenidas en un documento de 588 páginas, revelan el alcance del ajuste en las distintas dependencias estatales.

En el Ejército, la reducción afecta principalmente a maquinarias y equipos de producción ($6.659 millones), transporte ($3.000 millones) y equipos militares ($2.700 millones). A pesar de la magnitud, fuentes castrenses intentaron relativizar el impacto, afirmando que los proyectos de inversión se verán afectados en porcentajes mínimos, sin comprometer el funcionamiento esencial.

La Armada emerge como la rama más perjudicada, con una reducción de $15.220 millones en componentes de alistamiento operacional, incluyendo $10.600 millones para el proyecto de helicópteros navales livianos y $2.300 millones en servicios de mantenimiento. Además, se recortan $11.820 millones en sanidad naval, lo que repercutirá en bienes de consumo y servicios profesionales técnicos.

Para la Fuerza Aérea, el ajuste implica $14.000 millones menos en equipamiento militar y de seguridad, y $2.500 millones en partidas de mantenimiento. Voceros aeronáuticos señalaron que la situación se analizará caso por caso, sin medidas inmediatas.

Logística antártica, Malvinas y el Fondo Nacional de la Defensa

El Estado Mayor Conjunto verá reducidas sus partidas de planeamiento militar en $1.800 millones, con ahorros en maquinaria y equipos de comunicación. Un punto crítico es la campaña de sostén logístico antártico, que sufrirá una disminución de $1.962 millones, afectando productos químicos, combustible y lubricantes. No obstante, este organismo recibirá un refuerzo de $742 millones para mantenimiento y reparaciones.

El Ministerio de Defensa también se ve impactado directamente. El Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado para financiar el equipamiento, sufrirá un recorte de $3.300 millones en mantenimiento, producción y soporte logístico. A esto se suman $1.700 millones menos para los servicios de Hidrografía.

Fuera del ámbito específico de Defensa, la Cancillería experimentará una reducción de $46 millones en el Plan Antártico, y las acciones diplomáticas vinculadas a la Cuestión Malvinas recibirán $14,3 millones menos.

Preocupación por la soberanía antártica y el financiamiento futuro

El general de brigada retirado Oscar Armanelli, ex jefe del Regimiento de Granaderos y director de la Escuela de Guerra, expresó su preocupación por la «tensión creciente» entre la voluntad de reforma de la política de defensa y las «severas limitaciones del erario público». Armanelli destacó que el recorte en la logística antártica, de casi $2.000 millones, «compromete la capacidad de abastecimiento y la proyección de soberanía efectiva en un área de creciente interés global». Para el militar retirado, este ajuste es «el más sensible desde el punto de vista geopolítico», ya que la presencia del Estado en la Antártida «no es opcional, sino un requisito para mantener los derechos soberanos a futuro».

Los ajustes se dan a semanas de la publicación del decreto 314/2026, que destinaba el 10% de lo producido por privatizaciones de empresas estatales al financiamiento de un plan de reequipamiento militar. Las primeras conclusiones, a la luz del nuevo recorte, califican a esta fuente de recursos como «un financiamiento aleatorio e insuficiente», al no garantizar un flujo constante de fondos.