Protección a testigo clave en la causa contra un camarista federal de Córdoba

CÓRDOBA.- La causa judicial que investiga al vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, sumó un nuevo capítulo de alto impacto en los tribunales cordobeses. La fiscalía solicitó medidas de protección para un testigo clave que denunció haber recibido presiones, intensificando la atención sobre una investigación que ya generaba fuerte repercusión.

Sánchez Torres fue imputado hace aproximadamente un mes y medio por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”. La solicitud de protección para el testigo subraya la gravedad de las acusaciones y el clima de tensión que rodea el proceso.

Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, pidieron específicamente la semana pasada que se resguarde al secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier. Rouvier, quien actualmente ocupa el cargo que antes desempeñaba la denunciante original del camarista, Celina Laje Anaya, brindó un testimonio que resultó crucial para la investigación.

Ante este pedido, el juez Alejandro Sánchez Freytes actuó rápidamente. Ordenó a Sánchez Torres que se abstenga de cualquier tipo de contacto personal con Rouvier y, además, notificó de la situación al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección y remoción de jueces.

Las acusaciones y el contexto de la denuncia

La acusación principal, impulsada por los fiscales, detalla un patrón de conducta que se extiende desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025. Durante este período, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía”, desplegando sobre la secretaria Laje Anaya “actos de maltrato y violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.

Según la fiscalía, este accionar tuvo como objetivo castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar un esquema irregular en la integración de una sala del tribunal. Se le habría solicitado que validara una conformación de la Cámara que violaba el criterio rotativo establecido, en el marco de una causa por evasión agravada que involucraba a un exdirectivo de la cerealera Bunge. Finalmente, Laje Anaya, quien es familiar del intelectual libertario Agustín Laje, abandonó su puesto. En septiembre pasado, ella presentó la denuncia original contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por “abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso”.

A fines de marzo, los fiscales Hairabedian y Turano imputaron a Abel Sánchez Torres, a su pareja y también vocal de la Cámara, Graciela Montesi, y al secretario Mario Olmedo por los hechos denunciados por Laje Anaya.

El testimonio de Juárez Rouvier y el “miedo” declarado

Rouvier, en su declaración, calificó como “muy autoritario” a Sánchez Torres, a la vez que mencionó una amenaza que habría hecho al colega Eduardo Ávalos (vocal de la Cámara Federal cordobesa) en el marco de la discusión por un voto. “Si no lo cambia, me lo llevo puesto a él y a vos”, habría dicho en esa ocasión. También planteó que el camarista lo llamó antes de que fuera a declarar.

El secretario Juárez Rouvier también afirmó sentir “miedo” por el denunciado, “más aun después de haber hecho esas revelaciones”. La fiscalía enfatizó la vulnerabilidad del testigo, subrayando que “trabaja bajo la inmediata dependencia y órdenes del imputado”, lo que refuerza la necesidad de las medidas de protección solicitadas.