Masiva marcha universitaria en Plaza de Mayo por la ley de financiamiento
Una multitudinaria movilización universitaria converge este martes en Plaza de Mayo, con columnas de docentes, estudiantes y sindicatos que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial. La normativa, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos necesarios para las casas de altos estudios en todo el país.
Mientras miles de personas se dirigen hacia el acto central previsto para las 17 horas, el Gobierno nacional, a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó la marcha de “completamente política” y enfatizó que la única ley que se cumplirá es “la de presupuesto”. Esta postura profundiza la tensión entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria, que ya protagonizó varias movilizaciones en los últimos meses.
La convocatoria, impulsada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, se extiende a lo largo y ancho del país. Además de la concentración principal en la Ciudad de Buenos Aires, se registran protestas en al menos siete ciudades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Quequén y Junín.
La movilización federal también abarca importantes centros universitarios en provincias como Córdoba (San Francisco, Río Cuarto, Villa María y la capital), Santa Fe (Rosario, Rafaela y la capital), Entre Ríos (Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú), Santa Cruz (Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia y San Julián), Tierra del Fuego (Río Grande y Ushuaia), Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, demostrando el alcance nacional del reclamo.
El acto central y los oradores
En la Capital Federal, las movilizaciones iniciaron cerca del mediodía, con diversas columnas confluyendo hacia Plaza de Mayo. El acto central contará con la lectura de un documento y la participación de siete oradores en representación de los frentes gremiales docentes y no docentes. Entre ellos se encuentran referentes de Conadu, Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación de Asociaciones de Docentes de la UTN (Fagdut), la Unión de Docentes Universitarios (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).
Posteriormente, tomarán la palabra autoridades del CIN: el vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, y el presidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. El cierre del discurso estará a cargo de un dirigente estudiantil de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
La marcha no solo agrupa a la comunidad académica, sino que también suma el apoyo de diversos sindicatos, como el de Camioneros, así como movimientos sociales y agrupaciones políticas de izquierda y peronistas, ampliando el espectro de la protesta. Esta es la cuarta marcha federal universitaria convocada durante la actual administración, y el conflicto se remonta a 2024, cuando se demandó la actualización de los gastos de funcionamiento, que representan cerca del 10% de las partidas universitarias. Aunque la Ley de Financiamiento Universitario se sancionó en 2025 para reforzar los fondos, su aplicación fue suspendida por el Ejecutivo.
La pulseada con el Gobierno por los fondos
Docentes, autoridades universitarias y alumnos insisten en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y respaldada por el Congreso, y la actualización de las partidas que esta establece. Sin embargo, la gestión libertaria sostiene que la ley no explicita su financiamiento y podría comprometer la estabilidad macroeconómica. Un informe del Ministerio de Economía, según el Gobierno, indica que cumplir con la norma implicaría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
En este contexto, el Gobierno presentó un recurso federal extraordinario para no cumplir con la ley, el cual fue aceptado por la Justicia. La medida cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas, ratificada dos veces tras un planteo de los rectores, quedó suspendida a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema. La ejecución real del gasto universitario experimentó una caída del 29% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo desde 2006, con un aumento real aproximado del 0,8% en los fondos universitarios, cifra que no se cumplió en la práctica.
En una conferencia de prensa del 6 de mayo, los rectores de las universidades nacionales, junto a gremios y agrupaciones estudiantiles, ratificaron la marcha.
“Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto”, remarcó Franco Bartolacci, presidente del CIN, haciendo un llamado a la participación ciudadana.
