Nueva Marcha Federal Universitaria: masiva convocatoria contra el Gobierno
La cuarta marcha universitaria federal se concreta este martes 12 de mayo con una masiva convocatoria en todo el país. La movilización, impulsada por la comunidad educativa, busca reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa clave para el sostenimiento de las casas de altos estudios públicas.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario son los principales organizadores. Convocan “a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” a participar en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal tendrá lugar en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, a partir de las 17 horas.
El reclamo por el financiamiento y la postura del Gobierno
El pasado miércoles 6 de mayo, rectores de universidades nacionales, junto a gremios y representantes estudiantiles, ratificaron la marcha en una conferencia de prensa. Allí, expresaron duros cuestionamientos a la postura del Gobierno y pidieron un amplio acompañamiento. “Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto”, remarcó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN.
Bartolacci destacó los fallos judiciales favorables al sector universitario y advirtió sobre el crítico momento que atraviesan las universidades. “Estamos en el punto histórico más bajo, que es 0,4% del PBI. Aun aplicando la ley de financiamiento universitario, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo”, afirmó. La Ley de Financiación Universitaria, sancionada por el Congreso en 2025, insta al Gobierno a reforzar los fondos para las universidades públicas y contempla una recomposición salarial desde 2023. Sin embargo, su aplicación fue suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Aunque ambas cámaras rechazaron el veto, la normativa sigue sin aplicarse.
El conflicto se remonta a abril de 2024, cuando la primera marcha multitudinaria exigió más fondos. En esa ocasión, el reclamo se centró en la actualización de los gastos de funcionamiento, que representan cerca del 10% de las partidas mensuales. El 90% restante se destina al pago de salarios. Aquella movilización llevó al Gobierno a dialogar y a conceder un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento.
A pesar de esto, el presupuesto de 2023 se prorroga para este año, ya que el de 2024 no se aprobó. En consecuencia, los salarios de los docentes universitarios registran la mayor pérdida de poder adquisitivo en 23 años, cercana al 34%.
La estrategia judicial y legislativa del Ejecutivo
El Gobierno, por su parte, ha dejado en claro su disposición a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir con la ley. Recurrió a la Corte Suprema de Justicia, presentando un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como ordenaron dos fallos judiciales.
El Ejecutivo insiste en que la norma no prevé un financiamiento expreso y sostiene que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Un informe del Ministerio de Economía, según el Gobierno, indica que cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado, lo que implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado”. El Gobierno ejemplificó con la suspensión del patrullaje de fuerzas federales en Rosario, la provisión de alimentos en cárceles o el cierre de juzgados y cámaras legislativas.
Adicionalmente, el Gobierno solicitó que los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este expediente, argumentando que tienen cargos docentes vigentes o en licencia. El Ejecutivo se ampara en la ley de medidas cautelares contra el Estado, que señala que la sola apelación mediante un recurso extraordinario suspende la medida cautelar, lo que, según su interpretación, exime de pagar.
En paralelo a la vía judicial, el oficialismo buscará reactivar un nuevo proyecto de ley que deroga la normativa actual y la modifica para amortiguar su impacto fiscal. Esta iniciativa fue presentada en Diputados durante las sesiones extraordinarias en febrero pasado.
