Investigan contratos de la esposa de Adorni: Lijo pide facturación a empresas
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli intensifican la investigación sobre los contratos de la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. En un paso clave, el magistrado solicitó a un grupo de empresas que informen sobre toda la facturación realizada con la firma de Angeletti, buscando determinar si existió un direccionamiento irregular en la obtención de contratos.
La pesquisa, que tramita en paralelo a una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, se concentra en dilucidar si la consultora de la esposa del funcionario obtuvo beneficios indebidos del Estado. Aunque aún no hay imputaciones formalizadas, la medida judicial busca reconstruir el entramado comercial y las posibles vinculaciones que podrían configurar un fraude a la administración pública.
El foco en las empresas y el presunto esquema de retorno
Lijo y Stornelli ponen la lupa en al menos tres empresas que, según la denuncia, tendrían vínculos comerciales significativos con +BE y a su vez serían importantes contratistas del Estado. Entre ellas se destacan el Grupo Foggia, vinculado a la concesión de Tecnópolis, y el Grupo Datco, proveedor de organismos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.
También se investiga un posible vínculo con YPF. La denuncia señala a National Shipping, una naviera contratista de la petrolera estatal por sumas millonarias, como cliente de la consultora de Angeletti. Este punto cobra relevancia dado que Manuel Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026, una fecha que según la fuente judicializada, podría ser relevante para la investigación.
La denuncia, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, refiere a un presunto esquema de relaciones comerciales que podría configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos. Se sospecha que la consultora de Angeletti, al tener como clientes a importantes contratistas del Estado, podría haber sido utilizada para canalizar beneficios indebidos.
Pedidos de información clave y múltiples causas
En un primer requerimiento, el juez solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de las empresas Datco, National Shipping y Foggia Group, y que se informe si son contratistas del Estado Nacional. De ser así, se pidió que se acompañen todas las constancias vinculadas a los procesos en los que resultaron adjudicatarias.
La fiscalía, por su parte, considera fundamental reconstruir la ruta de los proveedores. Por ello, solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si estas firmas son contratistas recurrentes del Estado Nacional y que adjunte todas las constancias de los procesos en los que resultaron adjudicatarias. El objetivo es determinar si las licitaciones cumplieron con los estándares de transparencia o si se configuraron como «ventanillas» de negocios para beneficio de proveedores específicos.
La investigación no está delegada en el Ministerio Público. Por lo tanto, las medidas solicitadas por Stornelli se materializarán solo si son ordenadas por el juez Lijo. Cabe destacar que Lijo tiene a su cargo tres causas relacionadas con Adorni: la que investiga el presunto enriquecimiento ilícito (delegada en el fiscal Gerardo Pollicita), la que se concentra en un viaje a Punta del Este y su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, y el expediente actual sobre los contratos de Bettina Angeletti con el Estado.
Las sospechas penales que se barajan en el expediente incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. La denuncia se dirige inicialmente contra Manuel Adorni, Bettina Angeletti, directivos de las empresas involucradas (Rubén Santiago Ward, Pablo Javier Casal, Rodrigo Páez Canosa, Marcelo Dionisio) y la asesora Mara Natalia Gorini.
