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Investigan coimas por permisos de importación durante el cepo cambiario

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La Justicia federal intensifica una investigación que apunta a una compleja red de presuntas coimas para la obtención de permisos de importación durante el período de cepo cambiario. La causa, que cobró impulso recientemente, pone bajo la lupa a un entramado de financistas, empresarios y ex funcionarios que habrían operado en torno al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), vigente entre 2020 y 2023 durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández.

El fiscal federal Franco Picardi es el encargado de impulsar el expediente, que ya identificó a dos de los principales actores señalados en la maniobra. La investigación busca desentrañar cómo se manipulaban los mecanismos para la aprobación de importaciones, un proceso clave en un contexto de restricciones cambiarias, donde el acceso a dólares oficiales era un bien escaso y codiciado por el sector privado.

El sistema SIRA bajo la lupa

El SIRA fue el principal instrumento de control de importaciones y acceso a divisas implementado por la administración anterior. Su funcionamiento, que centralizaba las autorizaciones para importar bienes y servicios, generó fuertes críticas por parte de cámaras empresarias y sectores productivos, quienes denunciaban arbitrariedades y demoras en la aprobación de las solicitudes. Este escenario de escasez y discrecionalidad habría creado un terreno fértil para el desarrollo de prácticas corruptas.

La operatoria bajo investigación sugiere que, a cambio de pagos indebidos, se agilizaban o garantizaban las aprobaciones de las Declaraciones Juradas de Importación (DJI) o las posteriores aprobaciones del SIRA, permitiendo a determinadas empresas acceder a dólares a tipo de cambio oficial para concretar sus operaciones. Esto generaba una ventaja competitiva desleal y un perjuicio para el Estado y para aquellos importadores que no participaban de estas prácticas.

Empresarios y ex funcionarios en la mira

La causa se enfoca en determinar el rol de cada uno de los implicados: desde los empresarios que habrían pagado las coimas para asegurar sus importaciones, hasta los financistas que podrían haber articulado los pagos, y los ex funcionarios que desde sus puestos habrían tenido la capacidad de otorgar o denegar los permisos. La identificación de los dos primeros sospechosos por parte del fiscal Picardi marca un avance significativo en la investigación, que promete profundizar en los vínculos y responsabilidades de todos los involucrados en esta presunta red.

La pesquisa busca establecer no solo la existencia de los pagos, sino también el circuito del dinero y el beneficio económico obtenido por cada una de las partes. Este tipo de investigaciones son complejas, ya que implican el rastreo de movimientos financieros y la reconstrucción de interacciones entre actores de distintos ámbitos, lo que requiere un exhaustivo análisis de documentación y testimonios.

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