Comodoro Py: el Gobierno impulsa 60 nuevos pliegos y busca reformar la Cámara Federal

El Gobierno nacional se propone una profunda reconfiguración de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, el fuero donde se tramitan las investigaciones por corrupción que involucran a funcionarios. Con un número inédito de vacantes disponibles, la administración actual busca designar candidatos propios que impriman una nueva dirección al fuero federal porteño.

Esta semana, según adelantaron fuentes oficiales a LA NACION, el Poder Ejecutivo enviará al Senado unos 60 nuevos pliegos de candidatos a jueces y fiscales federales. Estos concursos ya fueron aprobados y corresponden a cargos actualmente vacantes, lo que representa una oportunidad sin precedentes para influir en la composición judicial.

La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia impulsó el envío al Senado de un centenar de pliegos para cubrir vacantes, que alcanzan casi el 40% de la Justicia nacional y federal, una situación que, según las autoridades, la mantenía al borde de la parálisis.

Impacto en los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal

Entre los pliegos que se remitirán al Senado, se destacan los de camaristas del interior del país, cuyos nombres fueron consensuados con gobernadores para asegurar su aprobación, y numerosos fiscales federales de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias. Particular relevancia política tienen los candidatos a ocupar los Tribunales Orales Federales, encargados de dictar sentencia en los casos de corrupción tras los juicios orales y públicos de funcionarios y exfuncionarios.

Actualmente, existen seis vacantes en los tribunales orales federales, lo que genera una sobrecarga de trabajo para los jueces y demoras en la realización de los juicios. Un ejemplo es el Tribunal Oral Federal N° 6, que carece de jueces titulares y opera con suplentes. Esto provoca que importantes juicios, como el de los Cuadernos de las Coimas, tengan audiencias limitadas a una o dos veces por semana.

Entre los tribunales que serán completados con estos pliegos se encuentra el Tribunal Oral Federal N° 5, donde se tramita la causa Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros acusados de supuesto lavado de dinero. Este tribunal, actualmente integrado por la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado (con Fernando Machado Pelloni subrogando en lugar de Obligado, quien fue apartado de Hotesur), recibirá un nuevo titular para reemplazar al suplente Juan Michilini, con el objetivo de completar la integración para el juicio.

Las ternas de candidatos para estos seis tribunales orales federales incluyen a:

Primera terna: Agustina Inés Rodríguez, Nicolás Pacilio, Mariano Cartolano.
Segunda terna: Nicolás Schiavo, Nicolás Ceballos y Valeria Rico.
Tercera terna: Luis Alcides Arnaudo, Gabriel Gonzalo Rey y Albertina Carón.
Cuarta terna: Ignacio Labadens, Nicolás Grappasonno y Diego Perone.
Quinta terna: Marcelo Peluzzi, Vanesa Alfaro y Juan Carlos Palacios.
Sexta terna: Ivana Quinteros, Santiago Schiopetto y Raúl Roust.

Además de la reconfiguración de los tribunales orales, el Gobierno ha tomado la decisión de renovar la mitad de la Cámara Federal porteña. Altas fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que no se enviará al Senado el pliego del camarista Martín Irurzun para un nuevo acuerdo por cinco años. Irurzun, quien cumple 75 años el 18 de julio, deberá jubilarse si no obtiene un nuevo acuerdo, marcando el fin de una era en Comodoro Py que se inició con la inauguración del edificio en los años 90.

Irurzun, una figura histórica de la Cámara Federal, presidió el tribunal y ejerció una notable ascendencia sobre sus colegas de primera instancia. Su influencia abarcó desde asuntos disciplinarios hasta la gestión política del tribunal, siendo un referente ante la Corte Suprema durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti. Su doctrina, que restringía las excarcelaciones de exfuncionarios por el riesgo de entorpecimiento de la investigación, fue un hito en la jurisprudencia del fuero. También fue clave su voto junto a Horacio Cattani en la defensa del «derecho a la verdad» en los juicios de lesa humanidad, incluso durante la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final.

La salida de Irurzun abre una vacante que deberá ser cubierta mediante un nuevo concurso del Consejo de la Magistratura. Fuentes del Poder Ejecutivo califican este momento como «bisagra» y ven en la partida de Irurzun un símbolo de cambio en Comodoro Py.

Vacantes clave y movimientos estratégicos

El Gobierno también busca reconfigurar por completo la Cámara Federal con el envío de candidatos para ocupar los lugares de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados durante el gobierno macrista a ese tribunal clave, y la Corte Suprema de Justicia ordenó la realización de concursos para cubrir esas vacantes y que los jueces trasladados regresen a sus cargos originales.

Bertuzzi concursó por su cargo en la Cámara Federal y quedó ternado, lo que hace probable que su pliego sea enviado para cubrir su propio puesto. La situación de su colega Leopoldo Bruglia es diferente; más cercano a la edad jubilatoria, ha reclamado ante tribunales internacionales por su cargo, pero se prevé su reemplazo. Entre los ternados para ocupar su lugar se destacan el juez Pablo Yadarola, cercano al ministro Mahiques, y la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona. La Cámara Federal se completa con los actuales camaristas Mariano Llorens, Eduardo Farah y Roberto Boico.

En los juzgados de primera instancia de Comodoro Py 2002, existen cuatro vacantes, cuyos concursos aún no han avanzado significativamente. El Gobierno sigue estos procesos con interés a través de la representación del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en el Consejo de la Magistratura.

Entre los candidatos que afloran, el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa contra Manuel Adorni por sus bienes, impulsa a Diego Arce, uno de sus secretarios, para el juzgado federal 12. Este concurso, para la vacante dejada por Sergio Torres, ya avanzó hasta la etapa de impugnaciones, con Arce, Julio Miranda y Leonel Gómez Barbella entre los mejores ubicados. Lijo ya logró que el pliego de otro de sus exsecretarios, Tomás Rodríguez Ponte, fuera enviado al Senado para cubrir el juzgado federal de Lomas de Zamora. Su esposa, la fiscal subrogante Alejandra Mángano, también aspira a ser confirmada en su fiscalía. Asimismo, está vacante el cargo de fiscal ante la Cámara Federal, tras el fallecimiento de Germán Moldes.

El Gobierno mantiene expectativas sobre el caso Adorni, cifrando esperanzas en la supuesta falta de evidencias de enriquecimiento ilícito en la próxima presentación de su declaración jurada. En el juzgado, sin embargo, no comparten ese escenario.

Pliegos controvertidos en Penal Económico

En este panorama de reconfiguración judicial, también se encuentran en el Senado los pliegos de los jueces en lo Penal Económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania. Apoyados por el ministro Mahiques, pero resistidos por un sector del oficialismo, sus postulaciones buscan integrar la Cámara en lo Penal Económico. Este tribunal deberá decidir si confirma o no el procesamiento de Claudio «Chiqui» Tapia y la cúpula de la AFA, acusados de retener aportes patronales.

A pesar de que se había rumoreado el retiro de sus pliegos por supuestas cercanías con la AFA, esto no ocurrió. Sin embargo, la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), presidida por Patricia Bullrich (Capital), no ha decidido dar las firmas necesarias para sus dictámenes. En el caso de Galván Greenway, su vínculo con la AFA se remonta a un fallo de abril pasado en el que dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa de lavado de dinero de 2018, decisión que fue solicitada por el fiscal, confirmada por Casación y dejada firme por la Corte.

Aunque sus postulaciones perdieron las firmas iniciales en el Senado, los pliegos de Galván Greenway y Catania siguen sobre la mesa, pendientes de una definición en un contexto de intensa movilización en el ámbito judicial.