Definen destino judicial de la megaquinta de Pilar vinculada a la AFA

La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a definir una cuestión clave que podría redefinir el rumbo de la investigación sobre la casaquinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El expediente, que ya transitó por múltiples juzgados, llega a esta instancia en medio de cambios en las subrogancias de los tribunales involucrados.

Desde el 18 de marzo, cuando la Sala I de Casación reabrió la disputa por la competencia entre el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y el penal económico Marcelo Aguisnky, se produjeron modificaciones significativas. La suplencia de Aguisnky en el juzgado de CABA que inicialmente tenía la causa finalizó, y en su lugar asumió por un año la jueza Verónica Straccia.

Este juzgado porteño fue el origen del expediente antes de que, en plena feria judicial de enero, fuera enviado al fuero federal de Campana por decisión del juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín. Esta derivación generó un conflicto de competencia que aún espera resolución.

La decisión de enviar la causa a Campana fue apelada por el fiscal ante la Cámara de San Martín, Carlos Cearras, llegando en queja al máximo tribunal penal federal del país. Para ese momento, el caso ya se encontraba en Campana, donde el juez González Charvay ordenó una batería de nuevas medidas de prueba. Estas incluyen rastrear el origen del dinero con el que se compró la propiedad en Villa Rosa, una flota de autos de colección, caballos y la construcción de un helipuerto. La propiedad está escriturada a nombre de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes son sospechados de ser testaferros de dirigentes de la AFA, incluyendo a su presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.

Cuando el caso estuvo a cargo de Aguisnky, se comprobó que Pantano utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que se cargaban los telepeajes de los vehículos de lujo guardados en un galpón de la casaquinta y otros consumos bajo investigación judicial. El primer juez del caso, Daniel Rafecas, realizó un allanamiento y mandó tasar los bienes, estableciendo un valor que ronda los 20 millones de dólares, incluyendo la casaquinta. La sociedad de los Pantano había escriturado la propiedad por 1.8 millones de dólares.

Solo la parcela principal del lote fue tasada en 5.600.000 dólares, siempre según la pericia incorporada a la causa. El valor de la casa principal se ubicó en unos 2.385.000, mientras que el domicilio secundario alcanzó una cotización de 1.230.000 en moneda estadounidense.

Actualmente, el juez González Charvay ordenó peritajes contables y tasaciones de bienes, además de un análisis exhaustivo de todos los giros de dinero de la AFA y la documentación secuestrada en allanamientos, para determinar si los fondos para la adquisición de la quinta pudieron provenir de la Asociación del Fútbol Argentino. Es importante destacar que, hasta el momento, los únicos imputados en esta investigación penal son Pantano y su madre. Paralelamente, Tapia y Toviggino fueron procesados en otra causa por retención indebida de aportes, y un fiscal de Santiago del Estero los imputó y llegó a solicitar su detención por supuesto lavado de activos y defraudación a la AFA.

Una tercera vía para la causa

En este intrincado escenario, el fiscal ante Casación, Mario Villar, propuso una tercera alternativa para destrabar el conflicto de competencia: que el expediente regrese directamente al juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se inició la investigación a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió.

Villar argumentó que la pesquisa sobre el origen del dinero utilizado para comprar la mansión de Pilar, la flota de autos de lujo y demás bienes, vinculada a la AFA, debe volver «a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires». El fiscal presentó su dictamen previo a una audiencia que luego se dejó sin efecto, por lo que este lunes deberá ratificarlo. Por su parte, la defensa de los imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte insiste en que el expediente permanezca en el juzgado federal de Campana.

Según Villar, las maniobras investigadas «darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito».

El fiscal sostuvo que el expediente “debe ser resuelto, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal” de la Ciudad de Buenos Aires.

Como alternativa subsidiaria, Villar postuló que, si no regresa a Rafecas, el expediente vuelva al fuero penal económico porteño, ahora bajo la intervención de Straccia. Además, añadió una tercera posibilidad: que el conflicto sea resuelto por la Cámara en lo Penal Económico y no por la Cámara Federal de San Martín.

Uno de los puntos centrales del dictamen fiscal apunta al origen mismo de la inhibitoria promovida por Charvay. Villar remarcó que el expediente en Campana se inició a partir de un correo electrónico enviado por la defensa de Pantano el mismo día en que debía declarar ante Aguisnky. «No es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia. No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa», sostuvo el fiscal.

El dictamen fiscal sugiere que se investiga «la existencia de una red internacional de intermediarios financieros» que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar, fuera del sistema bancario argentino, fondos obtenidos por la AFA de derechos comerciales, auspiciantes y transmisiones televisivas. Estos fondos, según la fiscalía, habrían sido desviados mediante sociedades radicadas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, algunas de ellas presuntamente constituidas como pantallas. En este contexto, la compra de la quinta de Pilar, departamentos en Ayres Plaza, vehículos de lujo y caballos de carrera aparece como una posible maniobra posterior de lavado de activos.

La Sala I de Casación, integrada por Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, escuchará a las partes este lunes para luego tomar una decisión definitiva sobre la competencia de la causa.