Laura Fernández asume la presidencia y endurece el régimen carcelario
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, inició su gestión este 8 de mayo con la firma de tres decretos ejecutivos clave durante su primer Consejo de Gobierno. Estas medidas, anunciadas en una ceremonia pública en el Estadio Nacional de San José, formalizan el comienzo de su administración hasta el año 2030 y buscan marcar un punto de inflexión en la política penitenciaria y la agenda legislativa.
Uno de los decretos más resonantes es el nuevo reglamento carcelario, que establece que “el año carcelario es de 360 días”. Esta reforma elimina la modalidad anterior, donde el cómputo se realizaba en ocho meses, y según Fernández no dejará “espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad”. La mandataria justificó esta medida como una respuesta directa al crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, afirmando:
“No los queremos en Costa Rica, y una vez más se los digo, no los queremos en Costa Rica al crimen organizado y al narcotráfico”.
El nuevo régimen penitenciario y su impacto
El decreto que redefine el año carcelario se convierte en la directriz más estricta en materia de política criminal de los últimos años. El texto elimina la posibilidad de que los jueces reduzcan el cómputo anual de la pena a ocho meses, como permitía la interpretación vigente hasta este cambio.
“Ya no más alcahueterías de que la cárcel es de ocho meses el año”
, declaró Fernández durante la presentación pública del decreto, enfatizando la intención de fortalecer el sistema de justicia penal.
La medida forma parte de una estrategia para disuadir a redes de criminalidad organizada y limitar los beneficios penitenciarios, buscando restaurar la confianza en el aparato judicial. La presidenta insistió en que
“a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales”
, reforzando así la literalidad del cumplimiento de condenas como efecto disuasivo ante delitos de alto impacto.
Reorganización del Poder Ejecutivo y agenda legislativa controlada
El primer decreto de la jornada regula la nueva estructura del Poder Ejecutivo, delimitando las funciones de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos. Entre los puntos abordados figura la distribución de competencias sectoriales, desde Ambiente y Educación hasta Seguridad y sus respectivas instituciones. Fernández busca establecer “cómo se integrarán los distintos sectores y qué instituciones los conformarán”, sentando así las bases para una gestión gubernamental más jerarquizada.
El tercer decreto corresponde a la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Mediante esta facultad, permitida en periodos de transición, el Gobierno toma el control de la agenda legislativa durante tres meses en comisiones y plenario. Esto otorga a la presidenta la potestad de priorizar iniciativas estratégicas. Fernández expresó su entusiasmo particular por esta medida, ya que incluirá proyectos que, en su opinión, fueron bloqueados por “mezquindad política” durante la administración previa.
Entre las propuestas convocadas se encuentran la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, la aprobación del megaproyecto Ciudad Gobierno, y la explotación minera de Crucitas. Todos estos proyectos fueron impulsados sin éxito por Rodrigo Chaves Robles —exmandatario hoy juramentado como ministro de la Presidencia y designado como enlace directo entre Congreso y Casa Presidencial— y requieren mayoría simple (29 votos) para su aprobación.
La presidenta anunció que
“los proyectos que no fueron aprobados en los últimos cuatro años, a partir de hoy quedan convocados a la Asamblea Legislativa”
. El paquete legislativo recupera discusiones que fracasaron en el Congreso anterior, en ocasiones señaladas como inviables o contrarias a la Constitución, abriendo un nuevo escenario político bajo el liderazgo de Fernández.
