Conflicto en Funes: Vialidad Nacional denuncia irregularidades en obras de hotelero y el intendente defiende al empresario
La Dirección Nacional de Vialidad (Vialidad Nacional) ha detallado una serie de irregularidades en las obras realizadas por el empresario Néstor Rozín, propietario del Hotel Sol de Funes, en una colectora de la autopista Rosario-Córdoba. La intervención, cuyo objetivo era mejorar el acceso a su establecimiento hotelero, ha desatado una polémica que escaló con la defensa pública del intendente de Funes, Roly Santacroce, en favor del empresario.
El conflicto se centra en la decisión de Rozín de reparar por cuenta propia un tramo de la colectora, una vía adyacente a la autopista que forma parte de la infraestructura vial nacional. Si bien la iniciativa podría interpretarse como una mejora para la conectividad local y el acceso a su negocio, Vialidad Nacional subraya que este tipo de intervenciones en rutas y accesos bajo su jurisdicción requieren permisos específicos y el cumplimiento de normativas técnicas y de seguridad vial.
Las «irregularidades» señaladas por el organismo nacional podrían abarcar desde la falta de autorización previa para la ejecución de obras en una vía de dominio público, hasta posibles deficiencias en la calidad de los materiales utilizados o en la ejecución misma de los trabajos, que podrían comprometer la seguridad de los usuarios o la integridad de la infraestructura vial existente. Vialidad Nacional es el ente encargado de supervisar, mantener y construir las rutas y caminos nacionales, garantizando su transitabilidad y seguridad.
En este escenario, la intervención del intendente Roly Santacroce añade una dimensión política al debate. Su defensa del empresario hotelero implica un respaldo a la iniciativa privada de mejorar la infraestructura local, pero al mismo tiempo podría generar fricciones con el organismo nacional, que busca hacer cumplir las regulaciones vigentes para evitar precedentes y asegurar el control sobre la red vial. La controversia pone de manifiesto la tensión entre las necesidades de desarrollo local y las normativas que rigen la infraestructura de jurisdicción federal.
