Giro en la causa de la Escuela de Yoga: procesan a tres miembros clave por trata

La justicia federal argentina dio un nuevo y drástico giro en la investigación contra la Escuela de Yoga Buenos Aires. La jueza María Romilda Servini, a cargo del expediente, procesó a tres figuras centrales de la organización por los delitos de asociación ilícita, trata de personas agravada y lavado de activos. La decisión, plasmada en un extenso fallo de 491 páginas al que accedió Infobae, agrava la situación procesal de Marcelo Guerra Perkowicz, hijo adoptivo del líder histórico Juan Perkowicz; María Beatriz Bugari; y el músico Mariano Krawczyk.

Servini dictó embargos millonarios contra los acusados: 1200 millones de pesos para Guerra Perkowicz y Bugari, y 400 millones de pesos para Krawczyk. Sin embargo, en esta instancia, la magistrada no ordenó la prisión preventiva para ninguno de ellos. La acusación se centra en la explotación de al menos siete presuntas víctimas y el blanqueo de activos obtenidos ilícitamente.

Un expediente con idas y vueltas

El camino judicial de la Escuela de Yoga Buenos Aires ha sido complejo y errático desde que la investigación tomó estado público. En agosto de 2022, la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la orden del entonces juez Ariel Lijo, realizó una serie de allanamientos masivos. En ese momento, se investigaba un esquema de trata de personas con presunta explotación sexual VIP y despojo de bienes a las víctimas, con dinero que supuestamente era transferido a Estados Unidos y luego blanqueado en Argentina a través de negocios inmobiliarios.

Durante los operativos, se encontraron más de 400 mil dólares en efectivo, unas 5.000 cintas VHS y DVD que contenían tanto grabaciones internas del grupo —algunas con figuras políticas como Carlos Saúl Menem— como material de porno sadomasoquista. Las pesquisas también revelaron la existencia de una supuesta clínica médica clandestina vinculada a la organización, lo que sumó un elemento más a la inquietante trama.

Sin embargo, en diciembre de 2023, la causa experimentó un revés significativo. La Sala II de la Cámara Federal anuló la elevación a juicio de 17 procesados por Lijo, entre ellos el propio Juan Perkowicz, el octogenario líder de la Escuela. El punto central de esa anulación fue la disputa sobre la existencia del delito de trata, ya que las presuntas víctimas no se reconocían como tales.

Los abogados de los acusados “se refirieron, concretamente, al resultado de los informes periciales llevados a cabo por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de aquellas personas que se señalan como víctimas del delito, como así también a la diversa documentación que acompañaron para demostrar la total autodeterminación y el amplio espacio social en el que se desarrollan”, afirmó el texto de la Cámara.

La postura de la jueza Servini

A pesar de la postura de la Cámara Federal, la jueza Servini decidió ir más allá. La magistrada sostuvo que existen pruebas objetivas que acreditan la trata de personas, independientemente de la percepción de las víctimas. Estas pruebas incluyen declaraciones de ex empleados de la Escuela que hablaron bajo identidad reservada, escuchas telefónicas y anotaciones relevadas durante la investigación.

Según la causa, la organización implementaba una estructura de “novios” o benefactores adinerados que mantenían relaciones sexuales con las presuntas víctimas. Las anotaciones, por ejemplo, indican que Krawczyk “colaboraba sosteniendo la relación de ‘novios’” entre dos personas identificadas “para asegurarse que continuara pagándole por sus servicios sexuales y de compañía”.

La jueza Servini remarcó que, para la legislación argentina, no es necesario que una víctima de trata se reconozca como tal para que su explotador sea acusado. En su fallo, citó un informe preliminar del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que participó en los operativos de 2022. Este informe, en referencia a una de las víctimas, señalaba que “el hermetismo en el relato y la reticencia de las otras personas que se encontraban en el lugar permite inferir, además, un posible aleccionamiento”, lo que sugiere una manipulación y control sobre las personas explotadas.