Celulares en el aula: la Unesco pide priorizar la ciudadanía digital ante el avance de restricciones

La discusión sobre la regulación del uso de celulares en las aulas se consolida como un tema central en la agenda educativa de Argentina y América Latina. Un nuevo informe regional de la Unesco, elaborado por la doctora en Comunicación Roxana Morduchowicz, advierte que la simple prohibición o restricción no constituye una solución completa si no se acompaña con políticas robustas de ciudadanía digital.

Aunque en la mayoría de los países predominan las restricciones parciales, la tendencia regional muestra un crecimiento sostenido de normativas orientadas a limitar la presencia de teléfonos móviles en el ámbito escolar. En Argentina, varias jurisdicciones ya avanzaron con legislaciones propias, reflejando una preocupación creciente por el impacto de los dispositivos en el entorno educativo.

Restricciones en América Latina: un mapa diverso

El relevamiento de la Unesco analizó la situación en 12 países de la región –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay–. El estudio destaca que solo cuatro naciones cuentan con leyes nacionales específicas sobre la regulación del celular en las escuelas: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. A este grupo se suman países con leyes subnacionales, como Argentina y México, y otros que implementaron disposiciones ministeriales, como Ecuador y El Salvador.

A diferencia de Europa, donde modelos como el de Francia imponen prohibiciones más estrictas durante toda la jornada escolar, en América Latina la modalidad más frecuente es la restricción. Esto implica limitar el uso del dispositivo bajo determinadas condiciones, especialmente dentro del aula, pero manteniendo excepciones por razones pedagógicas, sanitarias o de emergencia. Si bien las restricciones suelen apuntar al tiempo de clase, en algunos casos, como Brasil o Chile, también incluyen recreos y otros espacios escolares.

Argentina, a la vanguardia de la regulación subnacional

En Argentina, se observa una expansión acelerada de normas provinciales. Al menos 11 jurisdicciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, ya aprobaron leyes o resoluciones que regulan el uso de celulares en establecimientos educativos. Estas normativas presentan diferencias en cuanto al nivel educativo (primaria o secundaria), el alcance y las modalidades de implementación, y algunas incluso incluyen otras tecnologías además de los teléfonos móviles.

Los argumentos que impulsan estas regulaciones son múltiples y se centran en la salud emocional, la concentración y la convivencia escolar. Entre los principales motivos se destacan la necesidad de reducir distracciones, mejorar la atención en clase, prevenir el ciberbullying, disminuir la exposición excesiva a pantallas y fomentar vínculos cara a cara entre estudiantes. También se mencionan riesgos asociados a contenidos digitales nocivos, problemas de autoestima, trastornos emocionales y dificultades de socialización, respaldados por recomendaciones de asociaciones pediátricas y organismos internacionales de salud.

Más allá de la prohibición: la urgencia de la ciudadanía digital

Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones.

A pesar del avance de las restricciones, el informe de la Unesco subraya que el debate está lejos de estar cerrado y aborda los argumentos de quienes cuestionan la efectividad de estas políticas. Se advierte que restringir celulares no elimina automáticamente problemas como el acoso digital, la desinformación, el grooming, los discursos de odio o la manipulación algorítmica. La consultora Roxana Morduchowicz enfatiza que “ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones”.

Incluso, podría haber consecuencias no deseadas, como una mayor vulnerabilidad de los estudiantes frente a riesgos digitales al no recibir formación adecuada dentro del aula, o un aumento del uso del celular fuera del horario escolar como compensación. Además, en contextos de brecha digital, el celular a menudo es el único dispositivo disponible para actividades pedagógicas, por lo que una regulación rígida podría profundizar las desigualdades educativas en la región.

Ante este panorama, el documento propone una “tercera vía”: fortalecer las políticas de ciudadanía digital. Esta perspectiva desplaza el eje desde la prohibición hacia la formación de estudiantes capaces de utilizar las tecnologías de manera crítica, ética y reflexiva. La Unesco sostiene que la respuesta estructural no pasa solo por limitar dispositivos, sino por enseñar a comprender el entorno digital, construyendo competencias para habitar este mundo de manera consciente y responsable.