Política nuclear: el Gobierno prioriza exportaciones y busca capital privado para el sector
A 76 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Gobierno presentó este domingo los nuevos Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026. Este documento introduce un cambio conceptual profundo: la prioridad ya no se centrará únicamente en la generación de electricidad o el desarrollo científico, sino en convertir al complejo nuclear en una fuente de exportaciones y divisas para el país.
La propuesta surge en un contexto de crisis política reciente, marcada por la salida de Demián Reidel de la conducción de Nucleoeléctrica. Reidel era una figura central en el plan nuclear impulsado originalmente por Javier Milei, y su alejamiento generó fuertes cuestionamientos internos, denuncias por contrataciones y una creciente disputa entre organismos clave del área, como Nucleoeléctrica, la CNEA y la Secretaría de Asuntos Nucleares.
Ejes de la nueva política nuclear
El texto, elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares, conducida por Federico Ramos Napoli —un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo—, estableció cuatro objetivos jerarquizados para el sector:
- Desarrollo de exportaciones nucleares de alto valor agregado.
- Seguridad energética.
- Preservación y desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales.
- Liderazgo regional y posicionamiento geopolítico.
El documento aclara que esta jerarquización opera en un “sentido fuerte”, lo que implica que, ante cualquier tensión entre dos objetivos, deberá prevalecer el de mayor rango. En la práctica, la generación de divisas se convierte en el criterio principal para evaluar los proyectos y las inversiones dentro del sector. La estrategia se concentrará en aquellos segmentos donde Argentina ya posee “capacidades instaladas, conocimiento acumulado y oportunidades de mercado”.
Autocrítica y rol del sector privado
Los lineamientos también incluyen una autocrítica sobre la trayectoria nuclear argentina. Si bien el país integra el reducido grupo de naciones que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear, el documento sostiene que durante décadas no logró transformar esas capacidades en una industria exportadora de escala. Se advierte que el sector cuenta con capacidades cuya capitalización aún no se completó, y que el desafío radica en cerrar la brecha entre el conocimiento acumulado y los resultados económicos obtenidos.
Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas.
Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno propone una redefinición del vínculo entre el Estado y las empresas. Uno de los seis principios rectores de la nueva política establece explícitamente que el sector privado debe actuar como “socio del Estado”. La función estatal se define como la de conducir estratégicamente el sector, establecer prioridades y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales, mientras que las actividades productivas pueden desarrollarse bajo esquemas empresariales con participación privada.
Según el diagnóstico de la Secretaría, la energía nuclear atraviesa una etapa de relanzamiento global, impulsada por la necesidad de generación eléctrica libre de emisiones, la creciente demanda energética asociada a la inteligencia artificial y la búsqueda de proveedores alternativos en las cadenas de suministro del ciclo del combustible nuclear.
Es importante destacar que los lineamientos no avanzan sobre proyectos concretos. El texto aclara que no constituye un plan nuclear con cronogramas, recursos asignados o inversiones definidas, sino un marco doctrinario para orientar futuras decisiones.
