Ajuste en Educación Técnica: peligra el financiamiento y crece la injerencia empresaria
El sistema de Educación Técnico Profesional (ETP) en Argentina enfrenta un escenario crítico tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Esta medida, justificada bajo la premisa de «equilibrio fiscal», impacta directamente en los talleres y la adquisición de insumos esenciales para los casi 2 millones de alumnos que asisten a estas instituciones en todo el país.
La eliminación del artículo 52 de la Ley 26.058, que sostenía el financiamiento específico para la ETP, representa un «gasto» del 0,2% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este recorte se traduce en una reducción del 93% en el financiamiento para Educación Técnica, en el período 2023-2026. Además, el presupuesto 2026 profundiza el ajuste al eliminar el piso del 6% del PBI destinado a educación y el incremento del 1% para Ciencia, Tecnología e Innovación.
Descentralización y el rol creciente de las empresas
El desfinanciamiento impulsa una mayor descentralización educativa, dejando a cada establecimiento técnico librado a sus propias posibilidades de financiación. Este panorama abre la puerta a una creciente injerencia de las empresas en los programas de estudio y la vida escolar, una tendencia que, aunque no es nueva, se profundiza en la actual coyuntura.
Las escuelas técnicas ya experimentaron un ajuste histórico en la década de los 90, con la transferencia de servicios educativos a las provincias. En 2006, la Ley 26.206 estableció un piso de financiamiento del 6% del PBI, compromiso que solo se cumplió en una ocasión. Hoy, en un contexto de «industricidio» y cierre de empresas, el desfinanciamiento de la ETP se alinea con un modelo de desarrollo enfocado en el extractivismo y la producción primarizada.
El Grupo Techint, por ejemplo, ha otorgado becas a estudiantes de escuelas técnicas en comunidades donde sus empresas tienen operaciones. Esta «suplantación» del Estado por parte del sector privado busca incidir en la formación de estudiantes para reducir costos de reclutamiento y capacitación, al tiempo que busca la aceptación de sus actividades, que en ocasiones implican precarización laboral o alto impacto ambiental.
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El caso de Bahía Blanca: municipalización y padrinazgos empresariales
En Bahía Blanca, la relación entre las empresas del polo petroquímico y las escuelas técnicas es fundamental. A través de prácticas profesionalizantes, donación de equipamiento y programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), compañías como DOW Argentina, Pampa Energía, Profertil y TGS mantienen convenios y apoyan a diversas instituciones, como las EEST 1, 2, 3 y 4.
El intendente bahiense, Federico Susbielles, ha anunciado que el municipio garantizará fondos para el funcionamiento de estas escuelas mediante el programa Orgullo Escolar, financiado con el Fondo Educativo, y la creación de un fondo especial que incluirá padrinazgos empresariales. Esta iniciativa oficializa una «municipalización» y fragmentación de la educación técnica, dejando a cada establecimiento a su suerte. En este escenario, las empresas se posicionan como «proveedoras de última instancia», fomentando la dependencia tecnológica y orientando la formación hacia las necesidades específicas de la industria, con el riesgo de descuidar la base científica integral y humanística de los futuros técnicos.
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La lucha por la educación pública
Frente a este panorama, se plantea la necesidad de una fuerte organización sindical para defender la calidad de la educación técnica. La convocatoria a recuperar el sindicato Suteba, a través del voto por la lista multicolor el próximo 13 de mayo, busca articular la lucha contra los ajustes presupuestarios nacionales y provinciales, en las calles, escuelas y barrios, junto a las familias y toda la comunidad educativa.
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