Polémica en Salta por una caja jubilatoria profesional de afiliación obligatoria

Un sistema jubilatorio para profesionales, creado recientemente en Salta, genera un fuerte debate en la provincia. Un grupo de afiliados compulsivos a la Caja Interprofesional de Seguridad Social, puesta en marcha el año pasado, rechaza la norma que la rige y busca una reforma que la transforme en un esquema de adhesión voluntaria.

La Ley 8444, aprobada por la Legislatura salteña en septiembre de 2024, estableció la Caja Interprofesional con carácter obligatorio para los matriculados en el Colegio de Graduados en Nutrición y el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social de la provincia. La normativa prevé, además, la posible incorporación de otras profesiones en el futuro.

El esquema exige el pago de aportes de montos fijos y la afiliación es automática al obtener la matrícula profesional. Si bien la ley contempla la posibilidad de suspender o disminuir los montos en ciertas situaciones de relación de dependencia, un colectivo de autoconvocados, que incluye a 580 de los 1200 profesionales alcanzados, persiste en su oposición y promueve un cambio de raíz.

Propuesta de reforma: de obligatoria a voluntaria

El grupo de autoconvocados mantiene un diálogo con legisladores para impulsar una reforma. El objetivo es que el sistema actual se transforme en uno de adhesión voluntaria, basado en la capitalización individual, con libertad de afiliación y desafiliación. Además, buscan que los aportes no sean importes fijos definidos por el directorio, sino que estén vinculados a los ingresos reales percibidos por los profesionales.

El proyecto de reforma, presentado por los senadores provinciales Enrique Cornejo y Manuel Pailler, busca que la caja funcione de manera similar a un seguro de retiro, complementando los haberes del régimen jubilatorio general. Esta propuesta se diferencia sustancialmente de la mayoría de las cajas profesionales del país, que se plantean como sustitutivas del régimen general de la Anses.

Según el senador Cornejo, existe la posibilidad de modificar el funcionamiento de la caja, ya que aún no ha otorgado beneficios, lo que facilitaría la transición hacia un nuevo modelo.

Deudas crecientes y falta de sostenibilidad

La licenciada en Trabajo Social Bettina Gómez, referente del grupo de autoconvocados, advierte que los profesionales que no están aportando ya acumulan deudas de entre $1,5 millones y $2 millones, que se acrecientan mes a mes. El senador Cornejo coincide en que el 70% de los alcanzados por el régimen “no tienen los medios económicos para pagar” los aportes exigidos.

Gómez compara la situación con la de un monotributista, quien “paga menos de $20.000 mensuales” y tiene la expectativa de una jubilación mínima de la Anses (actualmente $393.174 más el bono de $70.000). En contraste, los profesionales salteños “deben aportar entre $50.000 y $127.000 mensuales sin tener certeza de qué jubilación recibirán”.

Un eje central de los argumentos de los autoconvocados es que la ley se aprobó sin estudios actuariales que respalden la sostenibilidad de la caja. A este “vicio técnico” se suman, según Gómez, la baja tasa de natalidad y la inestabilidad laboral de muchos profesionales, factores que ponen en riesgo la viabilidad del sistema. La Cámara de Diputados provincial reconoció en un comunicado que la implementación de la Caja “careció de los estudios económicos actuariales suficientes, convirtiendo lo que debería ser un beneficio futuro en una carga económica imposible de afrontar”.

Además, se alerta sobre una posible pérdida de matrículas debido a la imposibilidad de afrontar los pagos, ya que los montos se definen según la edad del profesional, una condición no necesariamente vinculada a sus ingresos.

Defensa del sistema y contexto nacional

En un encuentro en el Senado, la presidenta del directorio de la Caja, Graciela Leal, defendió la ley actual. Indicó que unos 450 afiliados están aportando y entre 40 y 50 adhirieron al mecanismo de suspensión transitoria. Respecto a las dificultades para pagar, señaló que la norma prevé la baja temporaria con la posibilidad de reincorporarse más adelante a través de planes de pago.

En Argentina, existen cerca de 80 cajas jubilatorias para profesionales, que se manejan con reglas propias y, en la mayoría de los casos, la afiliación es obligatoria para mantener la matrícula activa. La abogada Ana Inés Rosa, referente de los autoconvocados, destaca que la reforma busca “quebrar esa vinculación automática” para permitir que el profesional mantenga su habilitación sin quedar forzosamente incorporado a un esquema previsional compulsivo, especialmente considerando que muchos ya aportan al régimen nacional por su actividad principal en relación de dependencia.

Gustavo Beveraggi, presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de la Ingeniería del Chaco, opina que el contexto actual no es adecuado para la creación de nuevas cajas profesionales obligatorias, dada la existencia del monotributo y sus niveles de aportes, que son subsidiados, a diferencia de las cajas profesionales que son puramente contributivas.

Por su parte, el economista Rafael Rofman, investigador de Cippec, considera que estas cajas generan inequidades y costos para la sociedad, incluyendo posibles pasivos eventuales para el Estado. También señala que, en muchos casos, “ni siquiera benefician claramente a quienes deben participar”, un argumento que resuena con la situación planteada en Salta.