Shock petrolero: Argentina, sin herramientas para contener la crisis de precios pese a Vaca Muerta
La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado un nuevo cimbronazo en los precios internacionales del petróleo, con el barril de Brent saltando de 70 a casi 110 dólares en pocas semanas. Este escenario encuentra a la Argentina en una posición inédita: por primera vez en décadas, el país es exportador neto de hidrocarburos gracias al desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, realizado por los economistas Ricardo Carciofi y Alejandro Einstoss, revela que Argentina carece de los mecanismos institucionales para administrar esta nueva riqueza y mitigar el impacto de la volatilidad.
La fluctuación de los precios del petróleo es un desafío conocido que impacta rápidamente en la economía a través de diversos canales. Afecta el sistema fiscal por las variaciones en retenciones y regalías, presiona sobre el tipo de cambio por el ingreso de divisas y, crucialmente, incide en los precios domésticos de los combustibles y toda la cadena logística. En un contexto de estabilización inflacionaria frágil, como el actual, este último canal se convierte en el de mayor sensibilidad política y riesgo.
La falta de fondos de estabilización y la fragilidad institucional
El consenso teórico indica que los fondos de estabilización son clave para amortiguar estos impactos. El modelo más citado es el de Noruega, que desde 1990 captura los excedentes petroleros en un fondo soberano que hoy equivale a 3,3 veces su PBI. No obstante, Argentina ha perdido progresivamente las condiciones institucionales necesarias para adoptar una solución similar. La privatización de YPF en 1993 eliminó un canal directo de captura de renta, y la reforma constitucional de 1994 transfirió la soberanía sobre los recursos naturales a las provincias, fragmentando la capacidad de ejecutar una política nacional coherente. Los contratos de estabilidad fiscal de los ’90 y el reciente Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) consolidaron el blindaje tributario del sector, dejando al país sin los instrumentos recomendados por la teoría.
Actualmente, las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos operan como un amortiguador, pero su alícuota máxima del 8% resulta insuficiente ante saltos abruptos en el precio internacional. Modificarla requeriría una intervención legislativa con tiempos incompatibles con la velocidad de los mercados. En la coyuntura reciente, YPF ha ejercido un papel contracíclico, fijando precios en surtidores por debajo de la paridad internacional. Sin embargo, esta capacidad de absorción es transitoria, limitada por sus accionistas privados y obligaciones de deuda.
Experiencias internacionales y propuestas para Argentina
Otros países han desarrollado mecanismos para desacoplar parcialmente el precio doméstico del internacional. Brasil, por ejemplo, aplicó una Política de Paridad de Importación hasta que el shock de Ucrania la hizo insostenible, recurriendo luego a recortes impositivos y subsidios. Chile cuenta con el Fondo de Estabilización Económica y Social, alimentado por el cobre, y España aprobó un paquete de USD 5.500 millones para reducir el IVA a los combustibles. Estos ejemplos demuestran que, ante shocks externos, los países construyen, de forma ordenada o improvisada, mecanismos de protección.
El estudio de Carciofi y Einstoss propone dos vías de acción para Argentina. La primera se enfoca en el rol de las provincias productoras (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Río Negro), que capturan una renta directa y proporcional al precio internacional a través de regalías. Se sugiere que estas provincias destinen una fracción de los ingresos extraordinarios a fondos de estabilización, compatible con el sistema federal y sin resignar soberanía nacional. El gobierno nacional podría establecer marcos regulatorios que incentiven la creación de estos fondos a cambio de mantener beneficios fiscales para el sector.
La segunda propuesta, pensada para disrupciones mayores, consiste en disociar transitoriamente el mercado doméstico del internacional mediante una regla de costo y compromiso de abastecimiento. Este sería un recurso excepcional para situaciones excepcionales, sin abandonar el principio de libre disponibilidad del crudo adoptado en el DNU 70/2024.
La transformación de Vaca Muerta es una realidad prometedora. No obstante, la velocidad con la que se construyó la capacidad exportadora contrasta con la ausencia de un diseño institucional para capturar, estabilizar y distribuir la renta petrolera de manera ordenada. La tarea pendiente es abrir un debate profundo sobre la arquitectura regulatoria necesaria para que el próximo shock externo no encuentre al país en la misma situación de fragilidad institucional.
