Desregulación del agro: el Gobierno derogó ocho normativas obsoletas de los años 90
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó este lunes la eliminación de ocho normativas que regulaban distintas actividades agropecuarias, la mayoría de ellas dictadas durante la década de 1990. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 114/2026, se inscribe dentro de la política de desregulación y desburocratización del sector productivo que impulsa la administración nacional.
Las normas que quedaron sin efecto
La limpieza del entramado regulatorio apunta a disposiciones que el Gobierno considera obsoletas o que ya cumplieron el objetivo para el cual fueron diseñadas. Entre las bajas más de las regulaciones se destaca la Resolución 878/1992, que establecía la obligatoriedad de la Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi), y la Resolución 648/1994, que fijaba requisitos fitosanitarios para la importación de maquinaria agrícola usada, un trámite que con los años fue reemplazado por sistemas de control y evaluación más modernos.
Las economías regionales también se verán afectadas por la simplificación de trámites. El Ejecutivo derogó la Resolución 99/1994, que prohibía el ingreso al Noroeste Argentino (NOA) de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias, junto con sus normas complementarias: la Resolución 823/2006 (que extendía la medida a Formosa y Misiones) y la Resolución 262/2013 (que limitaba la restricción a Salta y Jujuy). Asimismo, se dejaron sin efecto la Resolución 715/1994 sobre importación de papa semilla y la Resolución 405/1998, que obligaba a los productores de pera y manzana de ciertas regiones a llevar un «Cuaderno Fitosanitario».
Modernización de los controles sanitarios
De acuerdo con los considerandos de la medida, estas regulaciones respondían a necesidades técnicas y de fiscalización propias del contexto de su época. Sin embargo, desde la cartera agropecuaria señalaron que las herramientas de control actuales hacen innecesaria la vigencia de estos textos históricos:
«Desde entonces, el régimen fitosanitario nacional ha experimentado una profunda evolución normativa, técnica e institucional, incorporando procedimientos basados en el análisis de riesgo fitosanitario, estándares internacionales, sistemas de certificación, herramientas informáticas y mecanismos de trazabilidad y fiscalización que optimizaron la gestión de las importaciones y exportaciones de artículos reglamentados»
Con esta actualización, el Gobierno busca remover trabas burocráticas que afectaban la competitividad del campo, argumentando que muchas de estas normas regulaban situaciones transitorias que perdieron actualidad o que ya fueron adecuadas mediante nuevos instrumentos nacionales y del Mercosur, como ocurrió con los límites de residuos de plaguicidas contemplados en la derogada Resolución 561/1999.
