Etiquetado frontal: el Gobierno de Milei busca eliminar los octógonos negros
El Gobierno nacional dio un paso clave en su agenda de desregulación económica al enviar al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, ingresó formalmente para iniciar su debate en el Senado de la Nación, abriendo un fuerte foco de discusión entre la industria alimenticia y los profesionales de la salud.
Los argumentos del oficialismo
Desde el Poder Ejecutivo argumentan que el esquema actual de los octógonos negros presenta severas limitaciones técnicas y económicas que afectan la competitividad de las empresas locales y complican el comercio. Con esta derogación, el oficialismo apunta a desmantelar un sistema de advertencias nutricionales que rige en el país y que obliga a las marcas a exhibir sellos negros cuando sus productos superan los límites establecidos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
La presión de la industria y el debate regional
En paralelo a la decisión de la Casa Rosada, las cámaras que nuclean a los productores de alimentos siguen de cerca la iniciativa y ejercen presión para modificar el sistema de advertencias. El sector industrial reclama la transición hacia un modelo de etiquetado armonizado a nivel regional, preferentemente bajo la normativa de integración del Mercosur, similar al que utilizan socios comerciales clave de la región. Según las empresas, la asimetría en las regulaciones actuales genera trabas burocráticas y sobrecostos logísticos.
Por su parte, los profesionales de la nutrición y diversos sectores vinculados a la salud pública siguen con máxima alerta el avance del proyecto legislativo. Quienes defienden la legislación vigente sostienen que la norma actual es una herramienta fundamental para combatir el avance de las enfermedades no transmisibles y garantizar el derecho a la información clara de los consumidores. El debate en la Cámara Alta promete ser el escenario de una intensa disputa de intereses políticos y corporativos.
