Propiedad privada: el Gobierno defendió los cambios en la Ley de Tierras y anunció una cosecha récord

En la antesala de un debate clave en el Senado, el Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Adrián Ravier, celebró los resultados de la campaña agrícola 2025/26 y defendió un paquete de reformas legislativas orientadas a desregular la economía y garantizar la propiedad privada. El proyecto, que consta de cinco capítulos y será tratado este jueves, incluye profundas modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier destacó que la producción total de los seis principales granos alcanzará las 163 millones de toneladas, impulsada por mejores rindes, el clima y la tecnología. Según las cifras oficiales, la cosecha de trigo se ubicó en 27,8 millones de toneladas, el maíz registraría 70 millones, el girasol 7,4 millones, la cebada 5,6 millones y el sorgo 2,9 millones. En el caso de la soja, el vocero informó una producción de 49,7 millones de toneladas, aunque la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó un cierre de 50,1 millones, aclarando que esta cifra no constituye un récord histórico.

“El campo no necesita otra cosa más que reglas claras, previsibilidad y que el Estado se quite del medio. El resultado de la campaña 2025-2026 es solo un comienzo de lo que puede suceder si el Estado le quita el pie de encima al campo”, afirmó Ravier.

El funcionario vinculó directamente este desempeño con el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, ponderando medidas como la eliminación de aranceles para importar fitosanitarios y fertilizantes, la flexibilización para el ingreso de maquinaria agrícola, la baja de retenciones y la unificación cambiaria.

El fin de los límites para extranjeros en la Ley de Tierras

Uno de los puntos más sensibles del paquete que ingresa al Congreso es la reforma de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), sancionada en 2011. El proyecto oficialista busca eliminar las restricciones generales para que inversores privados extranjeros adquieran campos en la Argentina, argumentando que los límites vigentes —como el tope de 1000 hectáreas en la zona núcleo— desalientan inversiones productivas en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia.

“La norma de 2011 criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros. Al poder estatal extranjero se lo controla más que nunca, mientras que a los productores e inversores genuinos se les deja de cerrar la puerta de la casa”, argumentó el vocero.

La iniciativa, sin embargo, mantendrá un cerco estricto sobre los Estados extranjeros. Cualquier adquisición por parte de un gobierno de otro país requerirá una autorización específica, y se penalizarán los intentos de triangulación o simulación ilícita a través de terceros.

En paralelo, el capítulo de expropiaciones apunta a acelerar los procesos judiciales sobre inmuebles. La meta del oficialismo es agilizar la obtención de medidas cautelares para proteger a los titulares de las tierras durante los litigios y acelerar el desalojo de ocupantes ilegales.

Cambios en Manejo del Fuego y digitalización registral

En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, el Gobierno propone derogar las restricciones impuestas por la reforma de 2020, las cuales prohíben cambiar el uso del suelo de bosques implantados y campos agrícolas incendiados durante décadas. Desde la Casa Rosada aclararon que esta modificación no altera la Ley de Bosques Nativos, sino que busca evitar el «doble castigo» al productor que sufre un siniestro accidental o provocado por terceros.

“La veda no evitó incendios; tan solo castigó incendios accidentales”, aseveró Ravier, ratificando que se mantendrán las penas para los incendios intencionales con fines especulativos.

Por último, el proyecto contempla la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. A través de la digitalización de trámites y la creación de una ventanilla única federal que respete las jurisdicciones provinciales, el Gobierno busca acortar los plazos de inscripción, reducir costos de transacción y facilitar el acceso al crédito para el sector productivo.