Comodoro Py: las causas de alto impacto político que definirá la Sala que el Gobierno busca reconfigurar
El Gobierno nacional aceleró esta semana su estrategia para rediseñar la Cámara Federal de Comodoro Py, un engranaje estratégico de la justicia penal que tiene la última palabra sobre las causas de corrupción más sensibles del país. Con el envío al Senado de los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar de forma definitiva dos vacantes en la Sala I, el Poder Ejecutivo apunta a consolidar un tribunal clave que actualmente acumula expedientes de altísimo voltaje político, con ramificaciones que alcanzan tanto a la actual gestión de Javier Milei como a exfuncionarios del macrismo y el kirchnerismo.
El caso $LIBRA y la sombra sobre el entorno presidencial
Entre los expedientes más urgentes que tramitan en la Sala I se destaca la denominada causa $LIBRA, una investigación por presunta criptoestafa que genera especial atención en la Casa Rosada debido a que roza directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El tribunal debe resolver actualmente las apelaciones de los damnificados que buscan sostener su rol como querellantes, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidiera apartar a dos grupos de denunciantes.
La causa sumó un elemento de debate político tras la reciente oficialización de Ana Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi, como jueza federal de Primera Instancia en Hurlingham por parte del Poder Ejecutivo, en medio de los movimientos de fichas en los tribunales federales.
Las causas que acorralan a Luis Caputo y el acuerdo con el FMI
La Sala I también tiene bajo análisis el futuro judicial del actual ministro de Economía, Luis Caputo, en dos expedientes de peso originados durante la presidencia de Mauricio Macri. El primero de ellos investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por el cobro de aproximadamente 19.000 dólares en concepto de asesoramiento mientras Caputo se desempeñaba como secretario de Finanzas. Aunque el fiscal Carlos Rívolo solicitó su declaración indagatoria, el juez Julián Ercolini dictó su sobreseimiento, una decisión que ahora la Cámara Federal debe confirmar o revocar.
El segundo expediente de gran relevancia institucional es la investigación por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó archivar las actuaciones. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi apeló la medida bajo el argumento de que existió un plan coordinado entre exfuncionarios para perjudicar al Estado. La resolución final está en manos de la Sala I, en una causa que involucra no solo a Caputo, sino también al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al actual ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y al extitular del Banco Central Guido Sandleris.
Del vaciamiento de YPF a las vacunas de la pandemia
Otro de los expedientes históricos bajo la órbita de este tribunal es la investigación por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la petrolera estatal, un caso que lleva casi dos décadas en Comodoro Py. Recientemente, la Sala I aceptó como querellante a una organización civil que, como primera medida, recusó al juez de la causa, Ariel Lijo, por las demoras en el trámite judicial. El tribunal deberá definir si sostiene al magistrado al frente de la causa.
Asimismo, la Sala debe revisar las actuaciones en la causa por presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid-19 durante la emergencia sanitaria. En este expediente, impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, se aguarda la resolución de la situación procesal de la exministra de Salud Carla Vizzotti y la indagatoria del empresario farmacéutico Hugo Sigman, decisiones de primera instancia que serán revisadas por los camaristas.
El capítulo derivado de los Cuadernos de las Coimas
Por último, la Sala I interviene en un legajo clave derivado del caso de los Cuadernos de las Coimas. Se trata de la denuncia del empresario Armando Loson contra Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos del chofer Oscar Centeno al periodista Diego Cabot. Loson acusa a Bacigalupo de haber adulterado las anotaciones originales con tachaduras y enmiendas. Aunque el juez Martínez de Giorgi procesó dos veces a Bacigalupo por encubrimiento, la Cámara revocó ambas decisiones y dictó la falta de mérito, manteniendo la investigación abierta pero sin procesamientos firmes.
Actualmente, la Sala I está integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los traslados de Bruglia y Bertuzzi durante el macrismo fueron objetados por la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que debían ser reemplazados por jueces designados por concurso. Al enviar los pliegos de Yadarola y del propio Bertuzzi al Senado, el Gobierno busca normalizar el tribunal con nombres de su preferencia para un tablero judicial donde se juegan los expedientes políticos más calientes de la Argentina.
