Caso Skanska: la trastienda del primer escándalo de corrupción kirchnerista que tardó 20 años en juzgarse
El Tribunal Oral Federal sentenció a cinco años de prisión al exministro de Planificación Julio De Vido y a su secretario de Obras Públicas, José López, por cohecho pasivo y administración fraudulenta en el marco del caso Skanska. La resolución de primera instancia llega exactamente dos décadas después de que se iniciara la investigación sobre el primer gran escándalo de corrupción que salpicó a las gestiones kirchneristas, exponiendo un entramado de retornos, facturas apócrifas y cartelización en el sector de la infraestructura.
La génesis del caso se remonta a marzo de 2006, cuando una auditoría interna de la constructora sueca Skanska dejó al descubierto el mecanismo de sobornos. En una grabación de 84 minutos que el gerente comercial de la firma, Javier Azcárate, mantuvo con el síndico Claudio Corizzo sin saber que era registrado, se detalló el pago de retornos equivalentes al 5% del contrato para la ampliación de gasoductos. Las coimas se repartían en un 3% para el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y un 2% para Nación Fideicomisos.
La confesión de Azcárate sintetizó la matriz de negocios de la época y se convirtió en la frase emblemática de todo el expediente judicial:
«El negocio es así en la Argentina. Al menos en esta etapa va a ser así. Vamos así y somos prolijos, o no laburamos. (…) Ya sabían, antes de presentar la oferta, que iban a ganar»
El diseño del esquema de desvío
Para eludir los controles de la obra pública tradicional, el gobierno de Néstor Kirchner diseñó un esquema de financiamiento indirecto para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur en 2004. El proyecto no se pagó con fondos del presupuesto nacional ni se sometió a licitación pública, sino que se financió mediante un fideicomiso integrado por aportes de Transportadora Gas del Norte (TGN), Repsol YPF y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), administrado por Nación Fideicomisos, una empresa del Banco Nación.
Este formato permitió al oficialismo argumentar durante años que se trataba de una transacción entre privados. Sin embargo, el decreto 1882/04 estipulaba que TGN debía contratar bajo la instrucción y aprobación previa de la Secretaría de Energía. Especialistas en derecho administrativo señalaron entonces que la fuerte intervención estatal convertía al proyecto en obra pública de hecho, similar al sistema de peajes viales.
La cartelización previa y el reparto de contratos preacordados en una mesa de negociación replicaron un modelo de gestión que ya se había ensayado en Santa Cruz. En ese escenario, la multinacional Techint apareció de forma tangencial en las escuchas debido a su participación en Gasinvest, controladora de TGN. Tras el estallido del escándalo, el holding liderado por Paolo Rocca —cuya relación con el kirchnerismo pasó de la sintonía inicial a un fuerte enfriamiento político— optó por retirarse temporalmente del negocio de la obra pública nacional durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.
Por su parte, la multinacional sueca Skanska reestructuró su management, pagó multas millonarias y terminó vendiendo la totalidad de sus activos en el país a la familia Perez Companc para enfocarse exclusivamente en operaciones con el sector privado.
Dos décadas de laberinto judicial
La causa penal se inició en 2006 por una denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, quien detectó que Skanska utilizaba facturas apócrifas de empresas fantasma como Infiniti Group y Calibán por un valor de 1,2 millones de pesos para justificar la salida del dinero destinado a los sobornos.
A partir de allí, el expediente sufrió una fragmentación extrema y un derrotero judicial que rozó la impunidad. Mientras el juez penal tributario Javier López Biscayart investigaba la evasión fiscal, el juez federal Guillermo Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli avanzaron sobre el cobro de coimas. La primera crisis política derivada del caso provocó el despido por decreto de Fulvio Madaro (Enargas) y de Néstor Ulloa (Nación Fideicomisos), además del despido de siete gerentes de Skanska y el pago de una multa de 10 millones de pesos a la AFIP.
No obstante, en 2008 la Cámara Federal declaró nula la grabación clave de Azcárate por haber sido obtenida sin orden judicial. Este revés técnico permitió al juez Norberto Oyarbide sobreseer a la mayoría de los imputados entre 2010 y 2011, apoyado también en un peritaje de la Corte Suprema que descartaba sobreprecios en la obra. El caso permaneció congelado hasta que el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, batalló por la validez del audio.
La Corte Suprema habilitó la prueba en 2015, y en 2016 la Cámara de Casación la convalidó definitivamente. Stornelli aplicó entonces el recurso de «cosa juzgada írrita» para revertir los sobreseimientos. El juez Sebastián Casanello procesó a los involucrados en 2017 y elevó la causa a juicio en 2019, sorteando las últimas apelaciones de las defensas hasta el inicio del debate oral en abril de 2024.
Fallo dividido y fundamentos pendientes
La condena contra De Vido y López no fue unánime. La jueza María Gabriela López Iñiguez votó en disidencia frente a sus colegas Jorge Gorini y Guillermo Costabel. López Iñiguez argumentó que los exfuncionarios debieron ser encuadrados bajo la figura de negociaciones incompatibles con la función pública y no por cohecho, descartando además el delito de fraude al Estado bajo el argumento de que el peritaje técnico de 2011 no constató sobrecostos en la ejecución de los gasoductos.
Los fundamentos completos del veredicto del Tribunal Oral Federal se darán a conocer el próximo 22 de septiembre. Para Julio De Vido, esta sentencia representa su quinta condena por hechos de corrupción, aunque la única que cuenta con carácter firme hasta el momento es la vinculada a la tragedia ferroviaria de Once. El caso Skanska cierra así su primer capítulo de fondo, dejando en evidencia los tiempos de una justicia federal que tardó veinte años en resolver una confesión grabada en primera persona.
