Críticas a la Ley de Lobby: organizaciones y cámaras piden modificar el proyecto oficial en Diputados

El debate sobre la Ley de Lobby retomó su curso en comisiones de la Cámara de Diputados, donde el proyecto oficialista fue objeto de fuertes críticas por parte de diversas organizaciones civiles y cámaras empresariales. Aunque todos los expositores se mostraron a favor de una regulación para la actividad de lobby, coincidieron en advertir sobre los riesgos y deficiencias del texto propuesto por el Poder Ejecutivo, exigiendo modificaciones sustanciales.

Entre las entidades que expusieron se encontraron la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), fundaciones como Barbechando, el Colegio de Abogacía de Capital Federal, y organizaciones de distintos rubros como Poder Ciudadano, el CELS, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), ACIJ y Directorio Legislativo. La principal preocupación radica en la posibilidad de que el proyecto equipare el lobby profesional y comercial con las reuniones de cualquier organización civil, lo que, según los críticos, vulneraría el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.

Registro obligatorio y sanciones penales: los puntos de conflicto

El proyecto del Ejecutivo propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de inscripción obligatoria para toda persona o entidad que desee realizar actividades de gestión de intereses. Este registro exigiría identificar clientes, declarar intereses extranjeros si los hubiera, y presentar informes trimestrales detallando cada contacto realizado, incluso si fuera ocasional.

Los expositores señalaron que esta burocratización excesiva y los costos administrativos asociados dificultarían la puesta en marcha de la ley, especialmente para organizaciones con menos recursos. Además, hubo una fuerte objeción a la inclusión de consecuencias penales, incluso de prisión, sin distinguir la gravedad de las faltas. Algunos de los más críticos llegaron a calificar la iniciativa como una herramienta para que el Estado pueda vigilar, perseguir y disciplinar.

No podemos estar todos adentro de la misma bolsa, no somos la misma cosa.

Melisa Hechenleitner, Fundación Multipolar

Melisa Hechenleitner, de la Fundación Multipolar, que asiste a personas en situación de calle, fue contundente al afirmar: «No podemos estar todos adentro de la misma bolsa, no somos la misma cosa». En la misma línea, Eduardo Ferreyra, de la Asociación Civil sobre la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que el proyecto «no distingue el lobby de interés del reclamo de una organización por el cumplimiento de un derecho. No distingue si hay lucro de por medio».

Paola García Rey, directora de Amnistía Internacional, ejemplificó la preocupación: «Si bomberos del Sur reclaman equipamiento ¿tienen que registrarse para hacerlo? Esto desalienta justamente a quienes menos poder tienen para hacerse escuchar?».

Críticas del sector empresarial y el alcance de la ley

Desde el ámbito empresarial, Alejandro Díaz, CEO de Amcham, celebró el consenso político para una Ley de Lobby, pero insistió en la necesidad de aclarar conceptos y definiciones clave como gestor, gestión y beneficiario final. «Para que en cámaras como las nuestras, que representan colectivos, no haya situaciones particulares que condicionen la adecuada representación», puntualizó.

Díaz también cuestionó el concepto de intereses extranjeros, al señalar que «empresas con actividades de inversión sean consideradas automáticamente como representantes de intereses extranjeros por solo formar parte de grupos internacionales». Propuso además que, dado que la ley contempla información comercialmente sensible, debería prever un mecanismo de confidencialidad y alertó sobre el capítulo penal, comparando el esquema propuesto con los de Estados Unidos y Chile, donde la responsabilidad recae de forma diferente.

En línea con Amcham, Agustina Briner de la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó la incorporación de la figura del “beneficiario colectivo”. Díaz también advirtió sobre la «excesiva burocracia [que] genera costos operativos sin beneficios proporcionales en esquema de transparencia» y sugirió reportes semestrales o anuales.

Gastón Wright de Civic House comparó la propuesta argentina con la norma estadounidense, indicando que «La regulación estadounidense no considera lobby si no hay una compensación económica o más de un contacto y una dedicación significativa de tiempo. Es decir, regula el lobby profesionalizado». Según Wright, el proyecto local «en la práctica equipara a una empresa que contrató una agencia de lobby con una organización de derechos civiles que quiere presentar un informe técnico».

Finalmente, María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, calificó el proyecto como «inconstitucional» y anticipó que, de aprobarse tal cual, será judicializado. Lubertino concluyó con una crítica política, señalando la paradoja de «poner en el banquillo de los acusados a las organizaciones de la sociedad civil como si fuera una falta de transparencia decir lo que pensamos y promover modificaciones».