Caso $LIBRA: Fernando Burlando explora un nuevo intento para cerrar la causa penal

Tras dos movidas fallidas para cerrar el caso $LIBRA en la Argentina, durante las últimas semanas comenzó a gestarse un tercer intento. El abogado Fernando Burlando sondeó si es posible una reparación integral del daño a los inversores afectados y cerrar la causa penal sin condenas, según reconstruyó LA NACION a partir de cinco fuentes oficiales y privadas. Sin embargo, su plan chocó con dos obstáculos clave: la postura de Hayden Davis, quien niega la existencia de fraude, y la condición legal de que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei deberían ser exculpados previamente.

Burlando recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y sondeó circuitos del poder en busca de una indemnización para los damnificados y el cierre de la investigación criminal. Esta pesquisa tiene como denunciados, entre otros, a Javier y Karina Milei, Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La gestión tropezó rápidamente con una negativa: el fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, se negó a recibirlo cuando el abogado se presentó en su despacho.

La intentona de Burlando en Comodoro Py ocurrió mientras el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se encontraba de licencia. En la trastienda de los tribunales, el abogado intentó un “scouting”, es decir, tantear primero a las partes para llegar después a los imputados con el respaldo de que el resto ya había accedido. La negativa de Taiano a recibirlo desbarató esta estrategia antes de completarla.

Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió.

Admitió Burlando a sus allegados, según reconstruyó LA NACION. En los pasillos, el letrado llama a Taiano “el fiscal anti víctimas” por su renuencia a escuchar a los damnificados por el colapso de $LIBRA, que en febrero de 2025 causó pérdidas a los inversores por más de US$250 millones.

Obstáculos legales y posturas encontradas

La figura jurídica que explora Burlando es la extinción de la acción penal por reparación integral del daño, prevista en el Código Penal. Sin embargo, esta senda choca con una limitación que fuentes oficiales remarcaron repetidas veces: mientras haya funcionarios públicos imputados en la causa, el Código Penal no permite esa salida. Esta limitante es también una condición que el actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, trazó el año pasado durante una intentona similar, comunicando que las querellas debían despegar de la causa a Javier y Karina Milei para que cualquier propuesta prosperara.

A estos primeros obstáculos se suma otra cuestión de representación: el expediente penal que tramita en la Argentina contempla al menos dos grupos de inversores, y el patrocinio de Burlando no es indiscutido entre todos ellos. “En algún momento lo habían sacado, no sé si lo volvieron a poner”, admitió una fuente oficial al tanto de las marchas y contramarchas.

Para Burlando, por el contrario, los acusados muestran una “miopía” difícil de comprender porque, más allá de la trama de corrupción, el expediente es primordialmente de carácter patrimonial.

Hay corrupción en el caso $LIBRA, pero antes aparece la defraudación, el daño patrimonial. Para mí, los acusados no entienden la gravedad del tema, porque si no esto ya lo hubiesen salido a arreglar.

Planteó el abogado a los damnificados. Del lado de las defensas, la postura de Davis es tajante. Sus abogados reafirman que será difícil probar la configuración de un fraude y que, por tanto, el empresario estadounidense no tendría por qué resarcir a los inversores. Sin esa voluntad, la fórmula de la reparación integral carece de motor real.

Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Hayden Davis, podría venir Novelli a decir ‘bueno, arreglemos esto’. Tranquilamente. De parte de ellos, hasta ahora nada.

Reconoció Burlando.

Antecedentes de intentos fallidos

Este tercer intento se suma a una secuencia de movimientos fallidos revelados por LA NACION durante los últimos meses. El primero fue protagonizado por la defensa de Hayden Davis, que en junio de 2025 sondeó la posibilidad de depositar cerca de US$100 millones en una cuenta judicial en la Argentina para extinguir la acción penal en su contra.

El segundo intento comenzó a tomar forma cuando los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, que representan a más de treinta inversores con pérdidas superiores a los US$4,5 millones, mantuvieron una audiencia de mediación civil con letrados de Novelli, Terrones Godoy y el otrora asesor de la CNV Sergio Morales, que también quedó trunca. En ese contexto actuó además un colaborador de Burlando, quien sondeó al abogado penalista en Buenos Aires de Davis, Marcos Salt, sin resultado.

El denominador común de los tres intentos es el problema del “fronting”: nadie quiere asumir formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, ni dar la cara por el dinero a repartir. Una posibilidad que circuló en las conversaciones fue que una plataforma del mercado cripto asumiera ese rol, pero la propuesta generó resistencias por sus riesgos legales y reputacionales.

Burlando reconoció haber sostenido conversaciones con damnificados sobre la posibilidad de encauzar una solución porque, en su visión, el tiempo corre en contra del Gobierno.

Si yo fuese operador de Gobierno, salgo a arreglarlo inmediatamente. Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos.

Afirmó el letrado, dejando una advertencia con fecha concreta en el horizonte.