Desendeudamiento familiar: la Ciudad lanza un plan para refinanciar deudas de tarjetas y créditos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha de manera oficial el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa aprobada por la Legislatura porteña que busca facilitar la refinanciación y cancelación de deudas acumuladas por la clase media. Tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial, el Banco Ciudad confirmó su adhesión inmediata, mientras se abrió un plazo hasta el 31 de julio para que el resto de las entidades financieras privadas se sumen al plan.

Para incentivar la participación de la banca privada, la normativa establece una reducción del 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses que generen estos nuevos préstamos de refinanciación. La medida surge en un contexto donde el propio Gobierno nacional ha instado al sector financiero a flexibilizar las condiciones de pago para los deudores rezagados, como informó este medio Deudas bancarias: el Gobierno pide a entidades que ofrezcan planes a familias.

Plazos, tasas y condiciones financieras

El objetivo central de la ley es transformar compromisos financieros asfixiantes y de alto costo en créditos con un esquema de pago previsible. Para ello, las entidades que decidan adherirse voluntariamente deberán ofrecer líneas de financiamiento destinadas exclusivamente a cancelar deudas preexistentes, bajo dos condiciones de base: una tasa nominal anual (TNA) máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la viabilidad de la propuesta y señaló:

Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día.

Desde el sector financiero privado recibieron la medida con cautela pero con mejores ojos que las iniciativas debatidas en el Congreso de la Nación, las cuales contemplaban prohibiciones y quitas forzosas. Al tratarse de una adhesión voluntaria y contar con un beneficio impositivo, diversas entidades de primera línea ya analizan sumarse a la propuesta de la administración porteña.

¿Quiénes pueden acceder al programa de desendeudamiento?

El acceso al plan de refinanciación está acotado a un universo específico de deudores que cumplan de forma concurrente con los requisitos de la norma. En primer lugar, los solicitantes deben acreditar una residencia mínima de dos años en la Ciudad de Buenos Aires. Las deudas elegibles deben provenir exclusivamente de tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras autorizadas. Asimismo, los beneficiarios deben registrar, al momento de la reglamentación, un retraso de pago de entre 60 y 180 días, lo que equivale a las categorías 2 y 3 en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En términos de ingresos, el grupo familiar solicitante no debe superar un ingreso mensual equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles (cifra que actualmente se ubica en $3.724.000). Además, se debe demostrar de forma fehaciente que el pago de las cuotas vigentes representa más del 30% de los ingresos totales del hogar.

Por el contrario, la ley establece exclusiones estrictas. Quedan fuera del programa quienes sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo con menos de cinco años de antigüedad, o sean titulares de embarcaciones, aeronaves u otros bienes de lujo. Tampoco podrán acceder quienes hayan adquirido moneda extranjera durante el período de vigencia de las deudas reclamadas o posean inversiones (como plazos fijos, bonos o fondos comunes) que superen el monto total adeudado.

Un escenario de mora en niveles máximos

La implementación de este programa coincide con un marcado deterioro en la cadena de pagos de los hogares argentinos. Según estimaciones de la consultora económica 1816, la irregularidad en la cartera de créditos al consumo y familias trepó del 12,1% al 12,7% durante el mes de mayo, impulsada por el arrastre de las altas tasas de interés que caracterizaron el período posterior a las elecciones legislativas del año pasado.

Mientras bancos privados como Supervielle confirmaron que ya se encuentran analizando su participación formal en el plan porteño, desde el sector reconocen que contar con un marco legal claro facilitará el acercamiento con los deudores. El esquema de incentivos fiscales de la Ciudad busca así tentar a la banca privada para que convalide tasas reales negativas a cambio de sanear sus carteras de clientes morosos.