Caso Skanska: condenaron a Julio de Vido y José López a cinco años de prisión por corrupción
El exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, fueron condenados hoy a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado en el juicio por el caso Skanska. Se trata de la resolución de la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, centrada en el cobro de sobornos para la ampliación de gasoductos.
La decisión fue tomada por mayoría por el Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, esta última con disidencias respecto a las calificaciones legales y los montos de las penas. Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 22 de septiembre.
Un fallo clave con múltiples implicados
Además de De Vido y López, el tribunal condenó a otras diez personas, entre las que se encuentran empresarios y exfuncionarios públicos. Durante el debate, el fiscal Abel Córdoba había solicitado una pena de cinco años para los dos exfuncionarios nacionales, a quienes ubicó en la cima de un esquema delictivo diseñado para direccionar las contrataciones de las obras públicas.
Para los exdirectivos de la firma sueca Skanska, el fiscal había requerido cuatro años y seis meses de prisión. Entre los acusados de la compañía figuran el exgerente comercial Javier Azcarate, el exresponsable regional Mario Piantoni, y el expresidente de la filial local Gustavo Vago, junto a los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba. En tanto, otras 17 personas resultaron absueltas por pedido de la propia fiscalía.
Esta condena se suma al complejo frente judicial que afrontan los principales acusados. De Vido acumula ahora cuatro condenas en su contra, de las cuales la única firme es la de la tragedia de Once, por la cual cumple prisión domiciliaria en Zárate. Por su parte, López cuenta con una pena unificada de 13 años de prisión por la causa Vialidad y los bolsos del convento de General Rodríguez. Ambos enfrentan actualmente el juicio por la causa «Sueños Compartidos», vinculada a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La matriz de corrupción en los gasoductos
La investigación judicial determinó que la maniobra consistió en el direccionamiento de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, un proyecto de infraestructura clave lanzado tras la crisis de 2001 para atender la demanda energética. El esquema delictivo incluyó el pago de retornos a funcionarios públicos, sobreprecios en las adjudicaciones y la utilización de facturas apócrifas provistas por una red de empresas fantasma para justificar la salida del dinero de la constructora sueca.
La causa penal nació hace casi dos décadas a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica y una investigación del diario Perfil. Aunque el expediente sufrió una parálisis casi total en 2011, cuando la Cámara Federal dictó sobreseimientos masivos —que beneficiaron temporalmente a exfuncionarios como Néstor Ulloa—, el proceso logró reactivarse años más tarde gracias a una prueba fundamental.
El audio de la confesión que reactivó el expediente
La clave para la reapertura del caso fue un registro de audio secuestrado durante un allanamiento, en el cual el exgerente de Skanska, Javier Azcárate, admitía ante el auditor interno Claudio Corizzo la existencia de los pagos ilegales para garantizarse los contratos de los gasoductos administrados por Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur (esta última subcontratando a Odebrecht).
“Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”, detallaba Azcárate en la grabación de forma explícita.
Aunque la Cámara Federal inicialmente desestimó la grabación por considerarla obtenida de manera subrepticia en una auditoría privada, en 2015 la Corte Suprema de Justicia habilitó su revisión. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, validó la prueba, lo que permitió al fiscal Carlos Stornelli solicitar la nulidad de los sobreseimientos y llevar finalmente a juicio a los responsables del histórico desvío de fondos.
