Financiamiento universitario: rectores y gremios exigen al Gobierno un aumento del 25% tras el fallo de la Corte
A casi tres semanas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el último recurso del Gobierno nacional, las universidades públicas y los gremios del sector iniciaron una cuenta regresiva clave. La comunidad académica espera que el Poder Ejecutivo cumpla de manera efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario en la próxima liquidación de haberes de docentes y no docentes, correspondiente al mes de julio, lo que implicaría una recomposición salarial adicional de aproximadamente el 25%.
El conflicto judicial y político sumó un capítulo decisivo el pasado 25 de junio. En esa fecha, el máximo tribunal del país desestimó el recurso extraordinario presentado por el oficialismo, dejando firme la medida cautelar que había obtenido el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta resolución judicial obliga al Estado a garantizar el pago total de los salarios adeudados y las becas estudiantiles, tras meses de fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según estimaciones del sector, la falta de actualización frente a la inflación provocó que los trabajadores universitarios perdieran cerca del 50% de sus ingresos reales.
La expectativa por la liquidación de julio
La recomposición del 25% estimada para este mes toma en cuenta que, mediante un acuerdo paritario firmado a fines de mayo, los haberes ya habían registrado una suba del 21,3%, a la que se sumará otro 3% pautado para octubre. Sin embargo, los rectores y sindicatos advierten que aún resta saldar la brecha que impone la ley nacional que fue sancionada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por insistencia de los dos tercios de ambas cámaras legislativas.
Desde el plano institucional, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, remarcó la urgencia de una definición oficial.
El Gobierno debería convocar a paritaria y plantear allí la recomposición de lo pendiente o hacerlo efectivo directamente a partir de la próxima liquidación. Yo creo que el plazo para evaluar cómo seguimos debería ser la liquidación de este mes que es alrededor del día 20
, sostuvo el directivo, descartando por el momento nuevas presentaciones judiciales inmediatas.
Por su parte, Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), confirmó que, si bien se cobró el último tramo paritario, sobre la cautelar aún no hay novedades ni convocatorias formales. No obstante, recordó que la paritaria tiene fijada una fecha de reunión para el próximo 15 de septiembre.
Silencio oficial y advertencia de medidas de fuerza
En el ámbito legislativo, el oficialismo dio señales de que acatará el fallo. Durante un debate en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el pasado 1 de julio, el diputado Alejandro Finocchiaro bloqueó un intento de la oposición —encabezado por la diputada entrerriana Blanca Osuna— para exigir el cumplimiento de la ley, argumentando que la discusión se había vuelto abstracta. Según Finocchiaro, tras dialogar con funcionarios del Ejecutivo, el Gobierno liquidará los sueldos de julio de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema.
Pese a estas declaraciones, la tensión en las bases sindicales se mantiene elevada. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica ya advirtieron que si el incremento no se ve reflejado en los recibos de sueldo de este mes, iniciarán medidas de fuerza tras el receso invernal.
Desde el fallo de la Corte se han quedado mudos. El Gobierno sabe que el camino judicial está quedando agotado y que le corresponde hacer lo que lleva casi seis meses tratando de evitar, cumplir la ley
, apuntó Clara Chevalier, secretaria general de CONADU.
La advertencia no es solo gremial sino también penal. El constitucionalista Pablo Manili, patrocinante del CIN, señaló que el incumplimiento del fallo judicial podría exponer a altos funcionarios —incluidos el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio presidente Milei— a denuncias por desobediencia, embargos y multas sobre sus patrimonios personales. Por ahora, las universidades eligen la cautela y esperan el vencimiento de los plazos de pago para definir los próximos pasos de un conflicto que sigue abierto.
