Déficit cero: cómo es el «shutdown» a la argentina que diseña Javier Milei para blindar el superávit
El presidente Javier Milei avanza en el diseño de una de sus reformas más ambiciosas para consagrar por ley el equilibrio fiscal: una versión local del shutdown (cierre del Estado) adaptada a la realidad macroeconómica del país. Junto a su equipo económico, el mandatario busca implementar un mecanismo legal que obligue a la administración pública a «apagarse» antes de incurrir en déficit financiero.
A diferencia del modelo de los Estados Unidos, donde el cierre estatal se gatilla por la falta de acuerdo político para aprobar el presupuesto en el Congreso, la iniciativa argentina tendrá un marcado «espíritu fiscalista». El proyecto, que aún se encuentra en etapa de discusión técnica, es modelado por Milei en colaboración directa con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Cómo funcionaría el cierre del Estado en la Argentina
El núcleo de la propuesta apunta a que el Estado nacional se quede sin capacidad operativa si se agotan las partidas presupuestarias asignadas, impidiendo cualquier vía de financiamiento alternativo o emisión monetaria para cubrir el bache. En palabras del propio Milei durante una reciente entrevista radial:
«Lo que estoy haciendo es mandar una reforma que cambie la decadencia argentina desde las instituciones. Esto requiere una regla fiscal, el shutdown: usted hace un Presupuesto, nosotros por ley [lo hacemos] con déficit cero. Cuando se agota el Presupuesto, automáticamente se apaga el Estado. Si usted se agotó todas las partidas, se queda sin plata, no puede operar más, hasta que tenga una ampliación».
Sin embargo, la letra chica que analiza la Casa Rosada contempla una red de contención para evitar el colapso de las prestaciones críticas. El borrador inicial prevé declarar como «esenciales» a las jubilaciones, los programas sociales, el pago de la deuda soberana y las partidas destinadas a seguridad y defensa. Estos rubros quedarían blindados y continuarían funcionando aun si se activa el cese de actividades en el resto de la administración pública.
El rol del Congreso y el paquete de reformas fiscales
Para atenuar el impacto de un eventual freno total, el Ejecutivo evalúa incorporar una instancia intermedia. Antes de activar de forma automática el shutdown, se le otorgaría al Congreso de la Nación la oportunidad de intervenir para definir qué partidas presupuestarias prefiere recortar para evitar el colapso. Si el Poder Legislativo no logra consensuar estas reasignaciones en un plazo perentorio, se procedería directamente al corte de los movimientos no esenciales.
Esta medida no llegará sola al Parlamento. Desde el oficialismo confirman que el proyecto formará un tándem legal junto con la postergada reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) —que busca prohibir por ley la emisión para financiar al Tesoro— y la tipificación de penas para los funcionarios que autoricen dicha emisión. Aunque la iniciativa podría requerir modificaciones de fondo en la actual Ley de Administración Financiera, en el entorno presidencial confían en que la nueva sintonía legislativa con bloques aliados facilitará su aprobación, a diferencia del fallido proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria presentado el año pasado.
