Contrabando en la Argentina: el comercio ilegal representa el 5% del PBI y enciende alarmas

El avance del contrabando en la Argentina dejó de ser un problema marginal para convertirse en una compleja estructura organizada que ya representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Según datos de la industria y cámaras empresarias, esta actividad ilegal drena miles de millones de dólares anuales y afecta con especial dureza a rubros clave como la tecnología, la indumentaria y el tabaco, potenciada por la digitalización de los canales de venta y la porosidad de las fronteras.

De acuerdo con un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), el comercio ilegal ronda el 5% del PBI tanto en la Argentina como en Brasil, mientras que en México alcanza picos del 8%. En el plano local, un informe reservado de la consultora MAP revela que el fenómeno «crece por debajo de las napas» y estima que el Estado argentino dejará de percibir unos US$ 2300 millones en ingresos fiscales durante 2025 debido al contrabando en sectores como cerveza, tabaco, textiles y celulares. Esa cifra equivale a la construcción de 3800 escuelas o 80 hospitales de alta complejidad.

Fronteras porosas y el desafío tecnológico

Durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), advirtió que el contrabando y el fraude marcario adquirieron una velocidad inédita debido al comercio electrónico. En sintonía, el director General de Aduanas, José Velis, señaló que la transformación digital, la dark web y el uso de criptomonedas permiten a las organizaciones delictivas operar con mayor anonimato y a gran escala, dificultando el rastreo oficial.

Por su parte, Fernando Blanco Muiño, al frente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, reconoció las limitaciones estructurales del Estado para fiscalizar 9300 kilómetros de frontera y más de 250.000 comercios de cercanía. Ante este escenario, destacó la necesidad de articular tareas con el sector privado y detalló que actualmente se dan de baja unas 700 publicaciones mensuales en plataformas digitales, aunque admitió que la cifra podría ser mayor con herramientas más eficientes.

Celulares y tabaco: los mercados más vulnerables

El sector de la electrónica de consumo es uno de los más afectados. Eugenia Mayans, gerente de Relaciones Gubernamentales en Lenovo, alertó que la venta de celulares del «mercado gris» pasó de representar entre el 5% y el 15% a principios de año, a que hoy uno de cada tres teléfonos conectados en el país provenga del contrabando. Esto equivale a unos 3 millones de unidades anuales.

“No se trata de compras individuales de viajeros: la industria estima el ingreso de 130 contenedores al año con mercadería que, aunque es original, no cuenta con la homologación de Enacom, afectando su rendimiento y seguridad”, explicó Mayans.

Para combatir esto, las empresas apuestan a la trazabilidad: desde hace un año y medio, la Argentina reemplazó las etiquetas físicas de importación por el rastreo mediante el número de IMEI, permitiendo identificar cuándo y dónde se activa un equipo ilegal.

Por el lado del tabaco, Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris, recordó que el cigarrillo es el bien legal más contrabandeado del mundo. Aunque en la Argentina el consumo ilegal se ubica en un 11% —por debajo del promedio latinoamericano del 30%—, Benítez advirtió sobre la enorme distorsión impositiva: la carga fiscal en el país es del 80% frente al 14% de Paraguay, el principal polo emisor, que tiene capacidad para producir 70.000 millones de cigarrillos anuales frente a un consumo interno de apenas 1400 millones.

Del taller clandestino a la normalización social

En el sector textil, la dinámica adquiere otras particularidades. Francisco Morello, director de Legal & Compliance de Adidas, explicó que el problema principal no es solo el contrabando de prendas terminadas, sino la producción interna en talleres clandestinos. Citando datos de la CAME, indicó que la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires subió un 6,5% en el último año, con puestos de diarios reconvertidos en salones de venta de indumentaria falsificada.

Morello también alertó sobre el auge del «social commerce» a través de plataformas como TikTok, Instagram y WhatsApp, donde la barrera de entrada para los vendedores ilegales es prácticamente nula:

“¿Se acuerdan del juego clásico de fichines, donde se golpea a un cocodrilo y sale otro por otro lado? Básicamente, eso es hoy el mundo digital, donde se baja a un usuario que vende falsificados y aparecen otros tres. Es súper frustrante”, graficó el ejecutivo.

Finalmente, Matías Noetinger, presidente de ASIPI, hizo hincapié en un aspecto cultural preocupante: la normalización social del consumo de productos falsificados o de contrabando. Noetinger comparó la compra de réplicas por redes sociales con la adquisición de mercadería de un camión robado, señalando que, aunque la sociedad no lo perciba así, se trata de un delito que perjudica directamente al Estado, a las empresas que invierten en desarrollo y al propio consumidor por la baja calidad de los productos.