Conflicto territorial: Casación absolvió a los mapuches acusados de usurpar Villa Mascardi
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló por unanimidad las condenas por usurpación que pesaban sobre seis integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Río Negro. Con las firmas de los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, el tribunal revirtió el fallo de primera instancia dictado por el juez federal Alejandro Silva, al considerar que la sentencia previa presentaba vicios de arbitrariedad y que no se logró identificar de manera fehaciente a los autores de las tomas.
Los argumentos del tribunal de alzada
En su voto, el camarista Slokar subrayó que la disputa en Villa Mascardi no debe abordarse bajo la óptica de una usurpación convencional, sino como un conflicto territorial indígena de alta complejidad. En este sentido, remarcó la necesidad de aplicar el marco normativo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos de los pueblos originarios reconocidos en la Constitución Nacional. Por su parte, el juez Yacobucci puntualizó que el tribunal de origen no consiguió individualizar las conductas prohibidas de cada acusado, dado que los testimonios del expediente solo hacían referencia a personas encapuchadas durante los episodios de ocupación.
Las condenas que quedaron sin efecto
La resolución judicial deja sin efecto las penas de prisión en suspenso que el juez Silva había impuesto en mayo de 2025. La medida beneficia directamente a Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi, quienes habían recibido una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso. Asimismo, anula las condenas de dos años y cuatro meses aplicadas a Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas; la pena de dos años y dos meses impuesta a la machi de la comunidad, Betiana Ayelén Colhuan; y la condena de un año de prisión en suspenso contra María Celeste Ardaiz Guenumil.
Cruces y fuertes reacciones de las partes
Tras conocerse el fallo, las repercusiones políticas y sociales no se hicieron esperar. Gustavo Franquet, abogado defensor e integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, lanzó duras críticas contra el magistrado de primera instancia y calificó la absolución como un hito frente a lo que denominó un sesgo judicial en la región:
El mayor golpe que le dimos a los fueros federales racistas de Bariloche y la Patagonia.
Franquet argumentó además que el proceso penal inicial ponía en riesgo al Estado argentino ante eventuales sanciones de organismos internacionales de derechos humanos por criminalizar un reclamo de tierras ancestrales.
En la vereda opuesta, John Grehan, propietario de la estancia «La Escondida» —uno de los predios vandalizados y ocupados en el conflicto que se inició a fines de 2017—, manifestó su profunda indignación ante la resolución de Casación. En declaraciones periodísticas, Grehan sostuvo que el fallo judicial sienta un precedente peligroso para la seguridad jurídica y la propiedad privada en el sur del país:
Los jueces insisten en burlarse de los ciudadanos tergiversando la interpretación de la letra de la ley de manera que en lugar de desalentar con sus sentencias la violación de la propiedad privada, con sus fallos explican a los delincuentes cómo hacer para violarla sin ser condenados.
El damnificado insistió en que su propiedad fue usurpada desde el lote lindero perteneciente a la Administración de Parques Nacionales y lamentó que la política y la ideología interfieran en las decisiones de la Justicia.
