Boom minero: las dudas detrás del RIGI y el debate por el reparto de la riqueza con las provincias
El impulso al sector extractivo motorizado por el Gobierno de Javier Milei a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) reabrió una discusión histórica en la Argentina: si el inminente boom minero se traducirá en un desarrollo real para las economías regionales o si quedará limitado a un esquema de enclave. El debate contrapone la necesidad de atraer divisas extranjeras con la urgencia de las provincias de retener parte de esa riqueza en sus territorios.
Quienes defienden el RIGI sostienen que, sin las amplias ventajas fiscales, cambiarias y aduaneras que ofrece este sistema, el país perdería competitividad frente a otros destinos globales y las corporaciones migrarían sus capitales a otros mercados. En la vereda opuesta, las críticas apuntan a que los excesivos beneficios impositivos, la libertad para importar bienes de capital y la opción de girar utilidades sin restricciones a las casas matrices desalientan el desarrollo tecnológico nacional y la generación de valor agregado.
El impacto local: del caso San Juan a la resistencia de Mendoza
La tensión entre las corporaciones multinacionales y el entramado productivo local ya registra antecedentes concretos en el interior del país. En la provincia de San Juan, la concesión para construir un campamento para 2.000 personas en el gigantesco proyecto minero Vicuña fue adjudicada a una empresa de capitales chinos, lo que encendió las alarmas de las cámaras empresariales locales al quedar las firmas nacionales marginadas del proceso. Como respuesta, el Estado sanjuanino sancionó una ley de «compre local» para obligar a las operadoras a priorizar la contratación de mano de obra y proveedores de la región. Una estrategia regulatoria que, sin embargo, dista de ser unánime: la vecina provincia de Mendoza ya adelantó que no prevé aplicar normativas de este tipo.
Regalías limitadas y el proyecto para cambiar la renta del recurso
Otro de los puntos críticos de la discusión radica en el esquema de regalías que perciben las administraciones provinciales. Actualmente, la legislación nacional fija un tope de entre el 3% y el 5% sobre el valor de boca de mina, un límite que impide a los distritos subnacionales capturar los beneficios extraordinarios derivados de los altos precios internacionales que registran los metales en el mercado global.
Ante este escenario, avanza en la Cámara de Diputados de la Nación una propuesta legislativa que busca reformular el cobro de estas tasas. Lejos de las posturas de la izquierda tradicional, la iniciativa fue presentada por un legislador alineado políticamente con el oficialismo de Milei. El proyecto propone que las regalías sean móviles y progresivas, calculadas en función del margen operativo de cada emprendimiento, lo que permitiría incrementar significativamente los ingresos fiscales de las provincias productoras en contextos de alta rentabilidad.
La vigencia de la Teoría de la Dependencia
Este dilema distributivo remite directamente a los postulados formulados en la década de 1960 por el economista argentino Raúl Prebisch y el sociólogo brasileño Fernando Henrique Cardoso. La denominada Teoría de la Dependencia demostró que la economía global tiende a estructurarse en un centro industrializado y una periferia proveedora de materias primas y mano de obra barata, donde el deterioro constante de los términos de intercambio condena a los países en desarrollo a una transferencia de recursos que les impide consolidar su propia industria.
El desafío actual para la Argentina radica en evitar que el nuevo ciclo minero repita este esquema histórico. Si las modificaciones normativas e impositivas solo se traducen en facilidades para las corporaciones extranjeras sin un correlato de desarrollo para las pymes y los trabajadores locales, el esperado derrame económico del RIGI corre el riesgo de consolidarse como una ilusión que solo beneficie a sectores concentrados de la política y el empresariado.
