Conflicto por discapacidad: Natalia De la Sota denunció penalmente al ministro de Salud por desobediencia
La diputada nacional Natalia De la Sota presentó una denuncia penal ante la justicia federal de Córdoba contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, bajo la acusación de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial señala que el funcionario nacional ignoró de manera sistemática una sentencia clave que obligaba al Estado a regularizar las prestaciones y los pagos destinados a personas con discapacidad bajo la órbita del programa Incluir Salud y del PAMI.
La legisladora cordobesa fundamentó su presentación en la persistente falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo ante las demandas de un sector sumamente vulnerable. Según De la Sota, la gestión de Javier Milei mantiene una política activa de desfinanciamiento sobre estas áreas sensibles.
“El gobierno de Javier Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad. Por eso ahora me comprometí a impulsar esta denuncia, frente al incumplimiento de la sentencia que obliga al ministro Lugones a brindar las prestaciones en materia de discapacidad que no se están cumpliendo”, explicó De la Sota.
La denuncia se da en un escenario de reconfiguración política para la diputada, quien el año pasado se distanció del peronismo cordobés oficialista para fundar el espacio Defendamos Córdoba. Recientemente, De la Sota mantuvo un encuentro de alto voltaje político con el dirigente del PJ porteño y exvicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, con el objetivo de delinear una alternativa de corte federal frente al rumbo económico y social de la administración libertaria.
El trasfondo judicial del reclamo colectivo
La causa que origina la denuncia penal se remonta al fallo dictado el pasado 24 de junio por el juez federal Hugo Vaca Narvaja. En aquella resolución, que ratificaba una medida cautelar previa, el magistrado intimó al Ministerio de Salud y al PAMI a normalizar los pagos a los prestadores de servicios de discapacidad en un plazo perentorio de 72 horas. Sin embargo, las organizaciones y familias afectadas denuncian que la orden judicial fue desoída en términos generales.
La acción de amparo colectiva fue impulsada originalmente por una mujer identificada con las iniciales AA del C, en representación de su hijo MIC, un joven con diagnóstico de retraso mental grave que depende de la cobertura estatal. Si bien el Estado nacional acreditó el cumplimiento de los pagos de manera individual para este caso particular, la Justicia determinó que persistía una desatención generalizada hacia el resto de los beneficiarios del sistema.
Irregularidades y deudas con las instituciones
La resolución del juez Vaca Narvaja expuso una fuerte contradicción en el manejo de los recursos públicos. Durante el proceso, el programa Incluir Salud acreditó pagos destinados al joven amparista correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026. Para el magistrado, esta cancelación demostró que el organismo no solo tenía la obligación legal de transferir los fondos, sino que también disponía de la liquidez necesaria para hacerlo, lo que tornó injustificable el atraso con el resto del padrón de beneficiarios.
Mientras desde la conducción de PAMI aseguraron que no registran deudas atrasadas en el área de discapacidad, los informes de instituciones de trayectoria en Córdoba como Apadim, el Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría contradicen la versión oficial. Estas entidades reportaron demoras en los pagos que superan los cinco meses, lo que pone en serio riesgo la continuidad de los tratamientos y el sostenimiento de los hogares de día para cientos de personas con discapacidad.
