Corte Suprema: el Gobierno flexibiliza por decreto los requisitos para designar jueces

El presidente Javier Milei firmó un decreto que modifica los requisitos para la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida, que se publicará en las próximas horas, flexibiliza el proceso establecido por el decreto 222 de 2003, conocido como de “autolimitación presidencial”, eliminando instancias de participación ciudadana y publicación de antecedentes que buscaban mayor transparencia.

Fuentes del Gobierno, consultadas por LA NACION, negaron que el objetivo sea una mayor opacidad en la selección de los ministros. En cambio, argumentaron que la modificación busca simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes de manera más rápida. El decreto, ya firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, podría ver la luz este lunes o martes.

Cambios clave en el proceso de selección

El decreto impulsado por el Poder Ejecutivo deja sin efecto varias de las previsiones del decreto 222/03 de Néstor Kirchner. Entre los cambios más significativos, se elimina la obligación de publicar en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante al menos tres días, el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos. También se suprime la recomendación de contemplar la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes.

Una de las modificaciones más importantes es la eliminación del mecanismo de impugnaciones y la participación de la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales (ONG) y colegios profesionales en el Ministerio de Justicia. Este proceso, que otorgaba un plazo de 15 días para presentar observaciones fundadas sobre los candidatos, se elimina bajo el argumento de que “guarda similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado”, según indicaron desde el Gobierno. Esto, en la práctica, reduce drásticamente los tiempos del proceso para designar un juez de la Corte.

Respecto a la información patrimonial, el decreto de Milei establece “un régimen uniforme en materia de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos”. El Gobierno insiste en que no se suprimen mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana, ya que estos se encuentran garantizados mediante el procedimiento del Senado.

Reacciones y posibles implicancias

Las ONG relacionadas con la transparencia y la lucha anticorrupción han manifestado su alerta ante estos cambios, aunque esperan conocer la letra chica del decreto para emitir una opinión fundada. Desde el oficialismo, se argumenta que el decreto “moderniza el sistema de publicación a la dinámica actual de comunicación y tecnologías disponibles”, incorporando la publicación en la página oficial del Ministerio de Justicia y reduciendo los plazos de comunicación de la postulación.

La modificación también establece un plazo de cinco días para que los concursantes presenten las declaraciones juradas de bienes contempladas en la Ley de Ética Pública y un plazo para que la ARCA informe el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos. El Ejecutivo destaca que se busca ahorrar tiempo para que el trámite de designación de jueces sea más rápido.

Estos cambios se producen en un contexto en el que el Gobierno aceleró la cobertura de vacantes de jueces y fiscales en la Justicia Nacional y Federal, habiendo enviado más de cien pliegos al Senado y logrado el acuerdo para 74 de ellos. Aunque el Presidente ha manifestado su preferencia por cubrir las dos vacantes de la Corte —actualmente conformada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— después de 2027, la postura de Mahiques y otros magistrados podría activar el proceso antes.

De hecho, Ricardo Lorenzetti se reunió con Milei y propuso como candidatos al camarista de Casación Mariano Borinsky y a la jueza de tribunal oral en lo penal económico Karina Perilli. Otros magistrados sugieren a la jueza Agustina Díaz Cordero. La flexibilización de los requisitos alimenta las especulaciones sobre una posible aceleración en la renovación de la Corte Suprema.