Caso Sueños Compartidos: la Fiscalía comienza los alegatos contra los Schoklender, De Vido y José López
La Fiscalía Nacional inicia este miércoles los alegatos en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, un proceso que investiga el desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas. La audiencia, que se desarrollará en los tribunales de Comodoro Py, estará a cargo del fiscal Diego Velasco y pondrá el foco en las responsabilidades de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros imputados.
El programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante el kirchnerismo, se convirtió en uno de los emblemas de la obra pública con un fuerte impacto social, pero también fue objeto de una profunda investigación judicial por presuntas irregularidades. La acusación central apunta a la malversación de fondos públicos que debían ser utilizados para proyectos habitacionales en diversas provincias del país.
El eje de la acusación y los implicados
La investigación judicial se centró en cómo se gestionaron y ejecutaron los convenios entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el Estado nacional, así como en el destino final de los millonarios fondos girados. El fiscal Velasco deberá detallar ante el tribunal las pruebas que sustentan la acusación de fraude a la administración pública y asociación ilícita, entre otros posibles delitos.
Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes estuvieron al frente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y fueron los principales administradores del programa, son figuras centrales en la causa. Se les imputa haber utilizado la estructura de la fundación para desviar parte del dinero. Por su parte, Julio De Vido y José López, en sus roles de funcionarios durante la gestión kirchnerista, son señalados por haber facilitado o permitido las supuestas maniobras irregulares, al ser quienes tenían la potestad de autorizar y supervisar los fondos y proyectos.
Este juicio representa un capítulo significativo en la serie de investigaciones sobre corrupción en la obra pública durante la década pasada. Los alegatos de la fiscalía son un paso crucial para determinar las responsabilidades penales de los implicados y esclarecer cómo se administraron los recursos públicos en uno de los programas sociales más ambiciosos de ese período.
