ARA San Juan: alivio con matices en la Armada tras las absoluciones y la condena a Villamide

Con sorpresa y alivio, pero también con posiciones encontradas, se recibió en la Armada Argentina el fallo judicial que absolvió a tres oficiales superiores y condenó, con una pena de ejecución condicional, al capitán de navío Claudio Javier Villamide en el juicio por la tragedia del submarino ARA San Juan. La sentencia, que aún no está firme, generó un sugestivo silencio oficial por parte de la conducción de la fuerza.

Fuentes navales consultadas por LA NACION admitieron que la satisfacción no es plena. Mientras la cúpula de la Armada, liderada por el almirante Juan Carlos Romay, mantuvo silencio, sectores que transmiten la posición de almirantes retirados lamentaron la condena a un oficial superior. Muchos esperaban una absolución completa de los cuatro oficiales llevados a juicio para evitar sentar un precedente que pudiera afectar a futuros comandantes de personal y medios.

La preocupación, expresada días atrás por ámbitos cercanos al Foro de Almirantes Retirados, no fue acompañada con la misma energía por la conducción actual. En tanto, el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro marinos acusados, evalúa recurrir la sentencia a Casación una vez que se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto.

Un detalle significativo que la Armada no pasa por alto es que las absoluciones fueron dispuestas por voto unánime de los jueces, mientras que la condena a Villamide fue por mayoría. “Iba a ser muy difícil que el tribunal absolviera a los cuatro oficiales”, confiaron fuentes de la fuerza.

Las implicancias del fallo y la cadena de mando

Con la condena a quien dirigía la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia, la Justicia cortó la cadena de responsabilidades en un tercer nivel, dejando exceptuados al entonces comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, así como al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quienes cumplían funciones en la Fuerza de Submarinos. Todos ellos compartieron el proceso judicial con Villamide. En contraste, el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, no fue llevado a juicio.

La Justicia tampoco enfocó su mirada en las autoridades políticas, de cuyas decisiones dependen los recursos asignados a las Fuerzas Armadas para el mantenimiento y seguridad de sus medios. Sectores navales interpretan que el fallo quiebra un paradigma no escrito, según el cual el comandante de un buque es el responsable directo de lo que suceda con su unidad. La sentencia, al desplazar esa carga al superior del comando o división naval, podría llevar a criterios más restrictivos en la administración de recursos para evitar riesgos o potenciales demandas.

“Perseguir a la estructura superior en tierra invierte un principio elemental de la profesión naval y solo prospera ante una opinión pública que desconoce cómo funciona el comando en el mar”, explicó el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres.

El antecedente del Consejo de Guerra y las demandas civiles

El tribunal concentró la responsabilidad exclusiva del hundimiento del ARA San Juan en el oficial que ya había sido destituido por el Consejo General de Guerra, un tribunal disciplinario constituido durante la gestión ministerial de Agustín Rossi. Villamide fue el único marino sancionado por este organismo, que le imputó “faltas gravísimas” por “negligencia por falta de cuidado o descuido de la tropa y del equipamiento a su cargo”. Este castigo lo privó de su grado militar, haberes (su esposa recibe una pensión equivalente al 75% de sus ingresos) y le impide vestir el uniforme. El mismo Consejo de Guerra aplicó al almirante Srur un arresto de 45 días. En la Armada, cuestionan la sanción disciplinaria del Consejo de Guerra, que no tuvo marinos entre sus integrantes.

Tras el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Cruz, aunque aún no firme, se vislumbran posibles demandas por resarcimientos civiles. En el juicio, hubo reclamos de una reparación integral. Sin embargo, en lo inmediato, se espera que la Fiscalía y las querellas se concentren en los recursos de apelación y planteos de nulidad para impugnar lo actuado por el tribunal. Las familias de las víctimas aún no han cobrado una indemnización por la tragedia, ocurrida hace ocho años y ocho meses. El gobierno de Alberto Fernández otorgó una ayuda económica por ley, pero exigía como condición la renuncia “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”.