Caso YPF: el «vaciamiento» lleva 20 años empantanado entre exhortos y peritajes
Veinte años después de su inicio, la causa que investiga el presunto vaciamiento de YPF, radicada en el juzgado de Ariel Lijo, sigue sin avances significativos. El expediente, que se inició con la denuncia de Elisa Carrió en 2006, acumula más de 4000 fojas y una serie de medidas pendientes, entre ellas un ambicioso peritaje y varios exhortos internacionales.
La semana pasada, la Cámara Federal aceptó a la asociación civil Integridad Republicana como querellante, un movimiento que se suma a la incorporación de las provincias de Mendoza y Chubut en noviembre pasado. Estas decisiones de la Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, son interpretadas como señales para reactivar un caso que sus conocedores describen como «difícil» y «prácticamente detenido».
La denuncia original y la llegada de los Eskenazi
La investigación se inició con la denuncia de Carrió, quien apuntaba a la supuesta falta de control estatal sobre la explotación de Repsol. Sin embargo, en 2008, el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía sumó un nuevo eje a la causa. Dos empresas del Grupo Petersen, sin experiencia en el rubro, adquirieron el 25% de las acciones de YPF a través de un crédito bancario de aproximadamente 1000 millones de dólares.
La hipótesis central de la Justicia es que esta deuda se canceló parcialmente con los dividendos que la petrolera giraba a sus accionistas. Esto habría afianzado una maniobra de vaciamiento, ya que esos giros no provendrían de ganancias genuinas, sino de un proceso de endeudamiento que se profundizó con la llegada de los Eskenazi. Según estimaciones del expediente, entre 2005 y 2012, YPF habría repartido unos 34.000 millones de pesos, para lo cual se habría endeudado en un 800%.
Peritajes inconclusos y exhortos sin respuesta
Uno de los principales obstáculos para el avance de la causa es un peritaje interdisciplinario ordenado por Lijo en diciembre de 2016. Este trabajo buscaba esclarecer si hubo sobreexplotación de recursos, una maniobra de vaciamiento e irregularidades en el ingreso de los Eskenazi. Sin embargo, los organismos encargados de realizarlo informaron no contar con los recursos técnicos suficientes, y el peritaje sigue inconcluso casi una década después.
Otra medida pendiente son los pedidos de información a España sobre la quiebra de las dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U.). Estas empresas entraron en concurso tras la estatización de YPF en 2012, impulsada por Axel Kicillof, lo que interrumpió el esquema de pagos de sus deudas. Lijo solicitó esta información a un juzgado de Madrid en 2019, insistió en 2023 y nuevamente en diciembre pasado, sin obtener respuestas hasta la fecha.
La medida estaría orientada a probar una de las hipótesis del caso: que los bancos que le prestaron el dinero al Grupo Petersen para su ingreso a la compañía tenían como garantía una porción de los “fondos de Santa Cruz”. Es decir, que parte del dinero que Néstor Kirchner retiró de la provincia cuando era gobernador y guardó en una cuenta del Credit Suisse, en Suiza.
Esta teoría, elaborada por la Unidad de Información Financiera (UIF), se basa en que Credit Suisse lideró el consorcio de bancos que otorgaron el crédito a los Eskenazi. En octubre del año pasado, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, solicitó a Lijo requerir al Credit Suisse información sobre esta ingeniería financiera, pero la medida, a pesar de contar con dictamen fiscal favorable, aún no fue ordenada. Stampalija también pidió incorporar pruebas de otros expedientes, como el caso de los cuadernos de las coimas, incluyendo declaraciones de los arrepentidos Víctor Manzanares y Ernesto Clarens.
Intercambio con Estados Unidos y la causa de Nueva York
El juzgado de Lijo mantiene un canal de información más fluido con Estados Unidos, principalmente debido a la causa que tramita en Nueva York. Esta demanda surgió tras la estatización de 2012, que desatendió artículos del estatuto de YPF que obligaban a extender una oferta de compra a todos los accionistas. Aunque el país sufrió un revés inicial con el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenaba el pago de más de 16.000 millones de dólares, esta sentencia fue luego revocada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en marzo de este año.
El intercambio comenzó en agosto de 2023, cuando Lijo solicitó a la Corte de Nueva York el fallo de Preska, que fue remitido en julio de 2024. El juez amplió su requerimiento para obtener un informe sobre el estado general de la causa en Estados Unidos. En diciembre último, Lijo envió un nuevo exhorto para notificar formalmente a la jueza Preska sobre la existencia de la investigación penal en Argentina.
