Crisis energética: la industria frena su producción por el alto costo del gas y evalúa ir a la Justicia

El frío invernal no solo se siente en las calles, sino que congela la actividad en las zonas industriales de Argentina. Plantas de cerámica, ladrillos y otros insumos para la construcción están frenando sus líneas de producción o directamente las apagan. La razón no es la falta de pedidos, sino los altos costos del gas, en una paradoja para un país con la cuarta reserva mundial de gas no convencional en Vaca Muerta.

El problema central no reside en la producción, sino en la infraestructura de transporte, que resulta insuficiente para abastecer los picos de demanda durante los tres meses de invierno. La construcción de nuevos gasoductos no se considera rentable sin la posibilidad de exportar gas el resto del año, lo que generó una “tormenta perfecta” para la industria este invierno.

La situación se agrava por una decisión del Gobierno de priorizar a los hogares con gas local más económico, derivando el mayor costo del gas importado a la industria. Esto afecta incluso a empresas con contratos de gas “firme”, que supuestamente garantizan el suministro. Desde el sector ya anticipan que esta medida terminará judicializada por incumplimiento de contratos y falta de seguridad jurídica.

El impacto del GNL y la respuesta oficial

Argentina importa unos 23 buques de Gas Natural Licuado (GNL) anualmente entre mayo y agosto. Se espera que esta dependencia se reduzca a la mitad para 2027, con la ampliación del gasoducto Perito Moreno (anteriormente conocido como Néstor Kirchner).

Desde el Gobierno, se argumenta que se había advertido a la industria que este invierno pagarían el costo real del gas, sin subsidios. Sin embargo, admiten que el precio internacional se disparó por el conflicto en Medio Oriente, elevando el GNL de US$11 a US$26 el millón de BTU en pocos meses.

“Las distribuidoras nos dicen que si seguimos consumiendo el gas que compramos con contrato firme, igual nos ponen una multa equivalente a US$35 el millón de BTU y nos cortan el servicio sin asegurarnos cuándo nos pueden volver a conectar. Como alternativa, nos sugieren comprar el GNL a Trafigura a US$23 o US$26. En todos los casos nos multiplica el costo que veníamos pagando, en torno a US$4,5”, resume un industrial afectado por los cortes.

La decisión oficial de no absorber este salto de costos se basa en el escaso margen fiscal y la imposibilidad política de trasladar el sobrecosto a los hogares, cuyo poder adquisitivo aún no se recupera, sin impactar la inflación. A pesar de una mayor recaudación por los precios internacionales del petróleo, el fisco ya acumula atrasos por US$180 millones con las productoras de gas por consumos de enero, febrero y marzo.

Propuestas de la UIA y el rechazo del Gobierno

La industria enfrenta un doble desafío: una demanda débil y un costo de insumos multiplicado. La Unión Industrial Argentina (UIA) estima que al menos una de cada dos industrias evalúa reducir su actividad este mes. La UIA presentó dos propuestas al Gobierno. La primera, que el sobrecosto se repartiera entre toda la demanda, fue rechazada bajo el argumento de que los costos energéticos debían ser absorbidos por los privados.

La segunda propuesta, elevada al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y al ministro de Economía, Luis Caputo, consistía en dividir por partes iguales la diferencia entre los US$23 del gas importado y el valor local de US$4,5, con el Estado absorbiendo la mitad como subsidio. El costo fiscal estimado era de US$130 millones para junio, julio y mediados de agosto, excluyendo a sectores como la petroquímica, siderurgia, aceiteros y destilerías. Sin embargo, el Gobierno también la rechazó.

Analistas del sector califican la situación de “casi extorsiva” y señalan que el próximo invierno debería regularizarse con mayor suministro de Vaca Muerta y menores precios internacionales. Parte del conflicto también se relaciona con el diseño de las subastas para que la industria comprara gas importado, donde la exigencia inicial de un volumen diario fijo o multas del 75% (take or pay) dejó desiertas las primeras convocatorias, obligando al Gobierno a rediseñar el mecanismo a una compra mensual.

El Gobierno defiende el esquema argumentando que se trata de solo unas semanas al año y que “el costo anual del gas, incluyendo estas semanas de GNL, es por lejos el más bajo de la región”. Sobre la dependencia de comercializadores como Trafigura, señalan que las empresas que hoy les compran fueron las que decidieron no asumir el riesgo del take or pay en las subastas originales.

Malestar generalizado y futuro judicial

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) expresó el malestar del sector en un comunicado titulado “La industria no puede producir en la ley de la jungla energética”. La entidad denunció que las restricciones e interrupciones, incluso sobre contratos firmes, “afectan la continuidad operativa de industrias que dependen de este insumo esencial para producir”, obligándolas a reducir actividad, reorganizar procesos, incumplir entregas o asumir costos extraordinarios. Además, cuestionó la falta de transparencia, afirmando que “el mercado queda librado a una lógica de ‘ley de la jungla’”.

Sin señales de cambio antes de que termine el invierno, la discusión empieza a trasladarse a los tribunales. La industria espera que la ampliación del gasoducto Perito Moreno y una eventual baja de los precios internacionales del GNL les den un respiro el próximo año.