Conflicto previsional: Nación demanda a Buenos Aires por aportes de colegios privados
Un profundo conflicto por el destino de los aportes salariales de empleados de colegios privados elevó la tensión entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, escalando hasta la Corte Suprema de Justicia provincial. La disputa se originó por una ley bonaerense que busca transferir el pago de los aportes del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos al Instituto de Previsión Social (IPS), en lugar del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), donde aportan actualmente.
La Nación presentó una demanda y una acción de amparo contra la Provincia, planteando la declaración de inconstitucionalidad de la ley y solicitando una medida cautelar urgente. Paralelamente, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) también recurrió a la Justicia con argumentos similares, advirtiendo sobre el impacto económico y previsional de la medida.
El origen de la controversia y los argumentos de la Nación
La raíz de la controversia reside en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires. Esta norma dispuso que los docentes extraprogramáticos –aquellos que dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria– y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada pasen a aportar al IPS provincial.
En su presentación judicial, a la que tuvo acceso LA NACION, el gobierno nacional argumentó:
“El Estado nacional promueve la presente acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia que aprobó el artículo 59 de la ley provincial N° 15.557 y solicita, con carácter urgente, una medida cautelar que suspenda su aplicación hasta el dictado de la sentencia definitiva. La norma impugnada pretende desafiliar del SIPA e incorporar al IPS a trabajadores cuyo vínculo se rige por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, esto es, por el derecho privado del trabajo. El artículo 59 de la ley provincial N° 15.557 es, por ende, manifiestamente inconstitucional, en tanto excede las facultades provinciales en materia de seguridad social e invade competencias propias del Estado nacional ejercidas constitucionalmente mediante el dictado de normas (Ley N° 24.241 y sus normas complementarias y reglamentarias) aplicadas por el Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados.”
Las autoridades nacionales también señalaron que la medida fue adoptada sin un diálogo previo suficiente y sin un marco normativo, administrativo y operativo claro que garantice seguridad jurídica a las instituciones educativas afectadas.
El impacto para colegios y trabajadores
La Aiepa, en su recurso judicial, subrayó que una norma provincial no puede imponerse sobre una nacional. Además, advirtió que la aplicación de la ley bonaerense implicaría mayores costos laborales para los colegios y, a la vez, incrementaría la proporción de aportes que debe hacer el trabajador.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, explicó la incertidumbre del sector: “El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por la Anses”.
Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, incluyendo personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas. Los responsables de los colegios privados alertan sobre un fuerte impacto económico. Podría aumentar el costo laboral de las instituciones, especialmente por la posible pérdida del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales. Asimismo, afectaría el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al régimen provincial es superior al del sistema nacional.
Además, el cambio podría generar graves consecuencias previsionales para los trabajadores. Muchos tienen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y, aun aportando al IPS, podrían no reunir en el futuro los años necesarios para una jubilación provincial. En ese escenario, terminarían jubilándose por la Anses, mientras que sus aportes habrían sido derivados al sistema provincial durante años, creando una situación de desfasaje.
Ante este panorama, Aiepa promovió una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial y medidas que resguarden la seguridad jurídica de sus instituciones asociadas.
LA NACION consultó a la Dirección Provincial de Cultura y Educación bonaerense, a la Secretaría de Educación nacional y a la Anses, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta edición.
