Causa YPF: la Cámara Federal suma una querella y «empuja» un expediente de 20 años
La Cámara Federal de Comodoro Py le dio este jueves un nuevo impulso a uno de los expedientes de corrupción más longevos del fuero: incorporó como querellante a una organización civil en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal YPF. La investigación lleva ya dos décadas en etapa de instrucción en el juzgado de Ariel Lijo.
Por disposición de la Sala I, se suma como acusador particular Integridad Republicana, una asociación civil representada por el abogado Carlos Negri. A partir de ahora, la entidad tendrá acceso al expediente, podrá proponer medidas de prueba y cuestionar el avance de la causa. Antes de su constitución como querellante, la asociación ya había recusado a Lijo, acusándolo de haber anticipado una solución al litigio mediante la inacción, lo que consideraron un “prejuzgamiento encubierto”.
De Integridad Republicana forman parte, entre otros, la ex número dos de la UIF durante el macrismo, María Eugenia Talerico; el dirigente radical Fabio Quetglas y la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli. Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes hoy sumaron a esta organización, ya habían constituido como querellante en 2024 a Contadores Forenses, otra ONG que perdió participación tras el fallecimiento de Alfredo Popritkin.
“Entendemos que resulta procedente su constitución como tal […]. Ello, en tanto los hechos y conductas que conforman el objeto de la pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, cuya defensa y protección se encontrarían abarcados por el objeto social de la organización”, expresaron los magistrados al fundamentar su decisión de revertir el criterio del juez Lijo.
La asociación Integridad Republicana se suma como querellante junto a las provincias de Mendoza y Chubut, que sí habían sido aceptadas por Lijo en una resolución de noviembre. Ambas provincias son patrocinadas por el abogado Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro durante el macrismo y figura clave en el capítulo internacional de la trama. El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Lijo, y bajo intervención de la Fiscalía 7, actualmente a cargo de Ramiro González, aunque la investigación no fue delegada.
El extenso recorrido de la causa
El caso YPF se inició en 2006 con una denuncia, pero dos años después, el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía se convertiría en uno de los ejes centrales del expediente debido al modo en que se realizó la operación. Entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, adquirió el 25% de las acciones de YPF mediante un esquema de préstamos que se pagarían con los propios dividendos de la empresa.
Según la denuncia, formulada y ampliada por Elisa Carrió, para financiar la entrada del Grupo Petersen, YPF sufrió un sobreendeudamiento del 800% entre 2005 y 2012. Además, se sostiene que se repartieron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones habrían sido “inexistentes”, es decir, pagados sin ganancias genuinas de la empresa.
En 2012, otro evento con resonancias internacionales volvió a reconfigurar el expediente: la estatización de la empresa, impulsada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof. La compra de acciones de la empresa desatendió dos artículos del estatuto de la compañía que obligaban a cualquier adquirente de una determinada cantidad de acciones a realizar la misma oferta al resto de los accionistas minoritarios.
El Estado retomó así el control mayoritario de la petrolera —hasta ese momento en manos de la española Repsol—, pero desató una tormenta legal en los Estados Unidos cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen, que declararon haber quebrado al dejar de recibir los dividendos tras la reestatización de YPF. Esos derechos de litigio fueron adquiridos por Burford en el marco de un remate de la justicia española que administraba la quiebra.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por haber incumplido con aquel estatuto. Sin embargo, en marzo de este año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo de Preska. La Corte reconoció que la Argentina no había cumplido con el estatuto, pero sostuvo que las leyes de expropiación están por encima de cualquier estatuto comercial interno de una empresa. Al frente de la estrategia argentina, que se mantuvo en esencia a lo largo de los distintos gobiernos, estuvo Saravia Frías, hoy abogado patrocinante de las provincias querellantes.
