Amenazas a Alconada Mon: la Justicia pidió indagar a cuatro sospechosos por mensajes intimidatorios
El fiscal federal Ramiro González solicitó la indagatoria de cuatro personas, tres hombres y una mujer, bajo la sospecha de haber amenazado al prosecretario de Redacción de LA NACION Hugo Alconada Mon. Las intimidaciones y los insultos habrían sido enviados horas después de que el periodista revelara un presunto Plan de Inteligencia Nacional (PIN) del Gobierno de Javier Milei, que, según la publicación, abría la puerta para el espionaje ilegal a opositores, economistas críticos, movimientos sociales y otros periodistas.
González considera que existen indicios suficientes para citar a indagatoria a Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia. La Fiscalía verificó que estas personas son los titulares de las líneas telefónicas desde las cuales Alconada Mon recibió las amenazas e insultos los días 25 y 26 de mayo del año pasado. En su dictamen, el fiscal sostuvo que la prueba reunida “acredita la intervención de los abonados telefónicos cuya titularidad les pertenece”, lo que constituye, a su criterio, “indicios suficientes” para presumir su participación en las conductas investigadas.
Ahora, el juez federal Daniel Rafecas deberá evaluar si acepta el pedido de la Fiscalía y convoca a los cuatro acusados a presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria.
Quiénes son los sospechosos identificados
Uno de los acusados es Guido Morán, de 24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata y oriundo de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Su madre, según registros públicos y comerciales, trabaja como empleada municipal en esa localidad. Otro de los señalados es Braian Cardozo, de 25 años, dado de baja del régimen de monotributo y con domicilio en Charata, Chaco, a más de 1000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los identificados también figura Mario Totilo, de 56 años, empleado en relación de dependencia, con domicilio en Benavídez, provincia de Buenos Aires. Registros cotejados por LA NACION indican que recibió una asignación familiar durante la pandemia y actualmente está afiliado a la obra social de UPCN. Sin embargo, la Fiscalía detectó que la misma línea telefónica aparece registrada en Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, lo que sugiere que el usuario efectivo del teléfono podría ser el hijo y no el padre.
Asimismo, otro teléfono utilizado para hostigar a Alconada Mon figura en los registros de Telefónica a nombre de una persona fallecida, Manuel Lázaro Contreras (nacido en 1950, con domicilios conocidos en La Matanza y Santa Clara del Mar). Sin embargo, en Mercado Libre, la misma línea aparece a nombre de Alicia Elena Scarpeccia, una jubilada de 75 años de Colón, provincia de Buenos Aires.
El fiscal González enfatizó que, tras un “análisis pormenorizado de los hechos relatados y de la documentación obrante en autos”, se encuentran reunidos los extremos necesarios para que los nombrados “sean escuchados en declaración indagatoria”. Añadió que la audiencia constituye el momento oportuno para que brinden explicaciones respecto a los elementos que acreditan las conductas y manifiesten lo que estimen pertinente en defensa de la atribución delictual, todo ello “a raíz de los mensajes intimidatorios que fueron enviados”.
La investigación más allá de los mensajes
La investigación judicial no se limita solo a los mensajes intimidatorios. También abarca una serie de ataques digitales que sufrió el periodista. Estos incluyen diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, un intento de acceder a su cuenta en la red social X, el registro no consentido del periodista en distintas páginas pornográficas y un intento posterior de ingresar a su cuenta digital en el diario español El País.
En el marco de la causa, la Fiscalía libró exhortos internacionales a Meta Platforms y X Corp., propietarias de WhatsApp y X, respectivamente, con el objetivo de obtener información sobre los ataques informáticos. No obstante, hasta el momento, estas gestiones no arrojaron información relevante para el expediente.
Con el apoyo de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y Telecom Argentina, la Fiscalía determinó que algunos de los intentos de registrar a Alconada Mon en páginas pornográficas provinieron de una dirección IP ubicada en la Isla Maciel, en el barrio de Dock Sud, partido de Avellaneda. Sin embargo, al tratarse de una IP “nateada”, los investigadores concluyeron que no fue posible individualizar al usuario o los usuarios responsables.
Los ataques comenzaron pocas horas después de que LA NACION publicara el contenido del Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE, que generó gran controversia por sus posibles implicaciones en la privacidad y las libertades individuales.
