Tragedia aérea en Río Grande: a cuatro años, la madre de Denise Torres exige el juicio oral por la muerte de su hija enfermera

A cuatro años de la trágica muerte de la enfermera Denise Torres García, su madre, Mónica Ferrara, clama por la concreción del juicio oral que determine responsabilidades en el accidente aéreo ocurrido en Río Grande, Tierra del Fuego. Denise, de 30 años, junto al médico pediatra Diego Ciolfi y los pilotos Claudio Canelo y Héctor Vittore, perdieron la vida el 1 de julio de 2022 cuando un avión sanitario se precipitó y explotó al intentar despegar.

El siniestro, que la familia de la víctima insiste en calificar como evitable, no fue un accidente fortuito. Peritajes de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) revelaron que un pequeño pero crucial componente, un locking clip, faltaba en el sistema de mandos del Learjet 35A. Este clip de bloqueo había sido removido durante un mantenimiento años atrás y nunca fue reinstalado, provocando que los comandos no respondieran en el momento crítico del despegue. “No fue un accidente, porque pudo haberse evitado”, sentenció Mónica Ferrara a LA NACION.

Una vida dedicada al servicio truncada por la negligencia

Denise Torres García era, según el relato de su madre, una joven con una profunda vocación de servicio. Tras la muerte de su novio a los 19 años en un incidente automovilístico, canalizó su dolor en la ayuda a los demás. Abandonó la carrera de Medicina para estudiar la Licenciatura en Enfermería, lo que le permitía combinar sus estudios con una intensa militancia social, que incluía trabajo semanal en la Villa 31 de Retiro. Era conocida como “La enfermera solidaria” y había enfrentado la pandemia de COVID-19 en el Sanatorio Finochietto sin tomar licencias.

Además de su compromiso profesional, Denise cultivaba numerosas pasiones: jugaba al hockey y al fútbol, tocaba el piano y la guitarra, cantaba y escribía sus propias canciones. Su gran anhelo era ingresar al Hospital Garrahan; de hecho, sus apuntes de estudio para el examen de ingreso, que tenía programado para el lunes siguiente a la tragedia, fueron encontrados entre los restos calcinados del avión.

La batalla legal por un “castigo ejemplificador”

Cuatro años después del desastre, Mónica Ferrara encabeza una compleja batalla legal que describe como un “camino de espinas”. La causa penal, radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto y el fiscal Marcelo Rappaport (expediente FCR 10517/2022), logró el procesamiento de seis personas por el delito de “desastre aéreo culposo agravado”.

Los imputados son Rubén Oscar Barboza, Dino Gastón Sánchez y Daniel Hilario Samuel Jablonski, señalados como responsables directos del mantenimiento en el que se omitió colocar el clip, y Javier Gustavo Galera, Miguel Alberto Velárdez y Adrián Leonardo Echeverría, personal técnico y de supervisión que no detectó el error. El tribunal consideró acreditada la “actuación negligente e imprudente” en la ejecución y supervisión de las tareas de mantenimiento, incumpliendo protocolos básicos de seguridad operacional. Se dictaron embargos por 100 millones de pesos para cada imputado.

A pesar de estos avances, la causa se encuentra estancada. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debe confirmar los procesamientos para que se pueda fijar una fecha de juicio oral, que se desarrollaría en Ushuaia. Para Mónica, cada día de dilación agrava el dolor: “Que esto no avance nos impide hacer el duelo en paz”. En contraste, los propietarios de la aeronave y las empresas Flying America S.A. y Air Delta S.R.L. fueron sobreseídos, al considerar que la responsabilidad penal recae en la cadena técnica.

El abogado de la familia, Fernando Ibarra, explicó a LA NACION que el expediente está en revisión en la Cámara de Apelaciones tras las apelaciones de las defensas. Confirmó que, de ratificarse los procesamientos, la causa será elevada a juicio oral. La investigación técnica fue exhaustiva, incluyendo peritajes en motores y combustible, y requirió el envío de información a Estados Unidos. En caso de ser declarados culpables, los responsables podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión.

Mónica Ferrara también denunció la “indiferencia absoluta” de los empresarios vinculados a la contratación de su hija y lleva adelante una demanda civil paralela para que se pague lo que correspondía a Denise por el trágico viaje. “Ella pensó que los aviones sanitarios iban a salvar vidas… pero si no ponías la plata, no movían el avión”, reflexionó sobre el desencanto de su hija con un ambiente laboral que, a su juicio, prioriza el negocio sobre la seguridad.

A pesar del desgaste emocional que la llevó a renunciar a su propio trabajo, Mónica, acompañada por su hijo Lucas, sus nietos y los amigos de Denise, asegura que no bajará los brazos. “No busco dinero. Lo que quiero es un castigo ejemplificador que evite que otros padres pasen por lo mismo que me toca a mí”, afirmó. Su único objetivo es honrar la memoria de su hija y lograr justicia. “Sé que nadie me devolverá la vida de mi hija. No tengo un peso, no tengo contactos ni influencias, pero tengo un coraje que me permite asegurar que hasta el último día de mi vida voy a luchar para que Denise tenga justicia”, concluyó entre sollozos.