Operativo “MK8”: desarticulan una megabanda que producía 700 millones de cigarrillos truchos al año
Una extensa investigación de casi dos años culminó con la desarticulación de una compleja organización criminal dedicada a la producción y distribución de cigarrillos falsificados a escala industrial. La banda, con capacidad para producir unos 700 millones de unidades al año, operaba desde una fábrica clandestina en San Luis y comercializaba la mercadería en al menos seis provincias, utilizando estampillas fiscales apócrifas y evadiendo millonarias sumas en impuestos.
El operativo, denominado “MK8”, incluyó 24 allanamientos simultáneos en Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron más de 54 toneladas de tabaco, alrededor de 14 millones de estampillas fiscales falsas y maquinaria industrial de alta capacidad. Cinco personas fueron imputadas en el marco de la causa.
La pista inicial y la red de distribución
La pesquisa se inició en julio de 2024 a partir de una alerta de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina en Paranacito. La información advertía sobre la venta de cigarrillos de marcas reconocidas a precios llamativamente bajos en pequeños comercios de Gualeguaychú y otras localidades entrerrianas. Las primeras averiguaciones confirmaron que no se trataba de hechos aislados, sino de la acción de una red organizada.
A partir de esa hipótesis, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo y el auxiliar fiscal Matías Emmanuel Silva, con intervención del juez federal Hernán Viri, ordenó una serie de medidas de investigación. Estas incluyeron vigilancias, compras controladas, análisis de documentación comercial, seguimientos, intervenciones telefónicas y estudios patrimoniales para reconstruir la cadena completa de abastecimiento e identificar a todos los integrantes de la organización.
La investigación permitió establecer que el grupo criminal controlaba la totalidad de la operatoria ilegal: fabricaban los cigarrillos, falsificaban las estampillas fiscales, organizaban el transporte, administraban depósitos y distribuían la mercadería a mayoristas y minoristas en las provincias mencionadas. Las tareas de inteligencia revelaron reiteradas maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, movimientos logísticos coordinados y entregas periódicas en comercios. En procedimientos encubiertos, se comprobó que los productos no se exhibían al público y que las ventas se realizaban exclusivamente en efectivo, una modalidad que buscaba dificultar la trazabilidad de las operaciones.
La fábrica clandestina y las ganancias millonarias
Uno de los avances cruciales de la causa fue la localización de la planta tabacalera clandestina en la ciudad de San Luis. Los investigadores llegaron a este establecimiento tras meses de seguimientos, análisis de remitos y tareas de inteligencia. Para la fiscalía, la fábrica operaba detrás de una estructura societaria aparentemente legítima, con ingresos y egresos constantes de camiones, movimientos de mercadería y ruidos compatibles con el funcionamiento permanente de maquinaria industrial.
Con la evidencia reunida, se estimó que la planta tenía capacidad para fabricar aproximadamente 700 millones de cigarrillos por año y habría generado ganancias ilícitas estimadas en unos 32 millones de dólares. Según representantes de las tabacaleras titulares de las marcas falsificadas, esta es la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos detectada hasta el momento en la Argentina.
Además de las maniobras de falsificación de marcas y estampillas fiscales, la fiscalía investiga una presunta evasión tributaria millonaria por el incumplimiento de las obligaciones impositivas que gravan la actividad tabacalera, así como posibles maniobras de lavado de activos relacionadas con las ganancias obtenidas en este circuito clandestino.
