Polémica en Mendoza: dos funcionarios viajaron al Mundial de la mano de un banco privado
MENDOZA.- Un video viral desató la controversia en Mendoza: en pleno Mundial de fútbol, mientras la mayoría de los ciudadanos seguía el campeonato por televisión, dos altos funcionarios provinciales fueron captados festejando en Estados Unidos. Las imágenes, difundidas por un influencer, los mostraron como ganadores de un concurso organizado por un banco privado, lo que generó un fuerte debate sobre la ética y la transparencia en la función pública.
Los protagonistas de la polémica son el fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, de extracción peronista, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz, de origen radical. Ambos deberán registrar sus movimientos en la próxima declaración jurada anual ante la Oficina de Ética Pública.
El aval de Ética Pública y las objeciones de especialistas
Pese a la repercusión mediática, la Oficina de Ética Pública de Mendoza ya había habilitado el viaje de los funcionarios de forma previa, al considerar que no existía “incompatibilidad”. El organismo argumentó que el Banco Supervielle, la entidad que realizó el sorteo, no es agente financiero del Gobierno provincial, aunque sí lo es de algunos municipios. Esta distinción fue clave para la autorización.
Sin embargo, especialistas consultados por LA NACION advierten que el fiscal de Estado, Fernando Simón, podría verse obligado a inhibirse en futuras causas vinculadas a tomas de deuda de comunas que tengan relación con el Banco Supervielle. Esto plantearía un potencial conflicto de intereses, incluso si el viaje fue considerado legalmente compatible.
Críticas desde la política: “Falta de empatía” y “doble vara”
La situación generó un fuerte malestar en el ámbito político provincial, trascendiendo las diferencias partidarias. Un referente del oficialismo, que prefirió mantener su identidad en reserva, expresó a LA NACION su preocupación por la falta de empatía:
“Más allá de las cuestiones legales o posibles inhibiciones futuras, hay compromisos con la realidad ciudadana que deben respetarse; la empatía y el ejemplo siempre deben primar, más allá de tener o no el dinero para viajar, o la suerte de un premio. Un funcionario público debe estar las 24 horas en función. Además, pueden existir conflictos de intereses”.
Desde el radicalismo, otro referente provincial cuestionó la laxitud en los criterios éticos:
“Hay una doble vara con lo moral: pasa con este viaje, pasa con Adorni. Antes nos escandalizábamos con cualquier cosa y éramos los abanderados de la transparencia. Nos estamos haciendo los bobos con todo; justificamos esto con un aviso a la oficina de Ética Pública”.
En el peronismo, a pesar de las discrepancias internas con el accionar del fiscal, primó el silencio. Una alta fuente del justicialismo provincial señaló a LA NACION que “todos miraron para otro lado. Pasó como si nada hubiera ocurrido. Nadie se anima a atacar a nadie, porque afecta a todos políticamente, por amiguismo o cercanía. Nadie se quiere pelear con nadie, porque de una u otra manera, terminarán marginados puertas adentro”.
El origen del viaje y la Ley de Ética Pública
Los funcionarios confirmaron haber ganado el concurso del banco por ser clientes desde hace años, formando parte de un grupo de 100 personas que recibieron el mismo premio. Si bien la situación fue informada al Gobierno provincial, no trascendió públicamente hasta que el influencer y actor Jero Freixas subió un video a su Instagram, donde se los ve en un colectivo alentando a la selección argentina antes de ingresar al estadio para el partido entre Argentina y Argelia, el martes 16 de junio en Kansas City.
La Ley de Ética Pública es clara al establecer que los funcionarios “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean consistentes en cosas, servicios o de otra índole, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”. A pesar de esta prohibición, que busca evitar vínculos indebidos ligados a sus cargos, Simón y Videla Sáenz sostienen que no existe conflicto de intereses, amparándose en el aval formal de la Oficina de Ética Pública de Mendoza, que consideró el viaje como un premio de un sorteo privado y no como un obsequio de fondos estatales.
