Organizaciones ambientales alertan: «No confundan el lobby privado con la defensa del bien común»

La necesidad de una mayor transparencia en la relación entre el poder público y los intereses privados es un consenso en la Argentina. Toda sociedad democrática debe conocer quiénes influyen en las decisiones estatales, con qué objetivos, en representación de quién y con qué recursos. La regulación del lobby corporativo, los conflictos de interés y las gestiones opacas ante funcionarios es una demanda legítima y necesaria para fortalecer la institucionalidad.

Sin embargo, un proyecto de ley de gestión de intereses que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso ha encendido las alarmas en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. La principal preocupación radica en que una normativa mal diseñada podría, paradójicamente, desalentar la participación ciudadana, debilitar a las organizaciones y convertir en sospechosa la defensa del interés público.

Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina y Aves Argentinas, entre otras entidades, se advierte que la redacción actual del proyecto es tan amplia que podría equiparar la defensa de la naturaleza con una actividad de lobby. Esto implicaría que asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro queden sometidas a obligaciones, registros, sanciones e incluso riesgos penales por ejercer una función reconocida y promovida por la Constitución Nacional: la defensa del ambiente.

El riesgo de criminalizar la participación ciudadana

Las organizaciones ambientales enfatizan que su accionar no es secreto ni persigue beneficios económicos particulares. Su trabajo se enfoca en la conservación de la biodiversidad, la protección de la fauna y flora, la promoción de áreas protegidas, el acompañamiento de políticas públicas y la alerta sobre daños ambientales. Representan una creciente preocupación social: que el desarrollo del país no se haga a costa de destruir el patrimonio natural.

Surgen interrogantes cruciales: ¿Puede considerarse lobby que una organización ambiental solicite la creación de un parque nacional? ¿Debe tratarse como una gestión sospechosa la participación técnica en la implementación de un área protegida? ¿Podría ser penado defender especies amenazadas, humedales, bosques nativos o recursos naturales de todos los argentinos?

Entidades como la Fundación Vida Silvestre o Aves Argentinas han sido actores fundamentales en la creación, ampliación e implementación de áreas protegidas en el país. Esta labor, lejos de reemplazar o condicionar indebidamente al Estado, lo fortalece, aportando conocimiento técnico, experiencia territorial, respaldo ciudadano y cooperación institucional. En muchos casos, estas organizaciones han suplido deficiencias o falta de capacidades estatales.

Distinguir entre interés privado y bien público

La preocupación se agudiza por la aparente debilidad del proyecto al abordar el concepto de bien público. Las organizaciones ambientales son entidades sin fines de lucro, sujetas a controles legales y administrativos exhaustivos, incluyendo la rendición de cuentas ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la presentación de balances y el cumplimiento de normas societarias, laborales, impositivas y administrativas.

Defender la fauna, la flora, los ecosistemas y los recursos naturales no puede ser tratado como una amenaza. Es una contribución al interés público

Si bien es razonable regular el lobby corporativo y exigir transparencia a los grandes intereses económicos que buscan influir en decisiones públicas, no es aceptable colocar en la misma categoría a una empresa que busca un beneficio regulatorio, fiscal o contractual, y a una organización sin fines de lucro que propone proteger un bosque nativo, crear un parque nacional o evitar la extinción de una especie. La ley, sostienen, debe distinguir con claridad entre la gestión de intereses privados y la participación de organizaciones de bien público.

En un país donde la crisis ambiental avanza más rápido que muchas respuestas estatales, debilitar a las organizaciones que trabajan por la conservación representaría un grave retroceso institucional. La verdadera pregunta, plantean, es qué tipo de país se busca construir: uno donde la ciudadanía organizada pueda participar, proponer, alertar y colaborar, o uno donde la defensa del ambiente sea vista con sospecha. La transparencia es necesaria, y el control democrático también, pero nunca a costa de criminalizar la participación ciudadana ni de confundir el lobby de intereses privados con la defensa del bien común.